Colectivos ecologistas se oponen a la mina de andalucita porque «afectaría a las Fragas do Eume»

Aseguran que, de llevarse a cabo el proyecto, también supondría «la destrucción definitiva e irreversible del nacimiento del río Belelle».


Ferrol

La Asociación para la Defensa Ecolóxica de Galicia (Adega) y otros colectivos ambientalistas han expresado su más «absoluta oposición» al proyecto de explotación minera promovida por Picobello Andalucita S.L. en As Pontes, porque afectaría «gravemente» al Parque Natural de las Fragas del Eume.

Los ecologistas rechazan tanto este proyecto como la declaración de impacto ambiental emitida por la Secretaría General de Calidad y Evaluación Ambiental.

Consideran que el citado documento «no es de recibo, ya que está lleno de errores e incongruencias».

Las entidades ecologistas expresan asimismo su sorpresa porque, «después de ser rechazado por la anterior Consellería de Medio Ambiente, ahora se le pretenda dar luz verde al proyecto sin que sufriera modificaciones significativas».

Resaltan que, de llevarse a cabo el proyecto, ello supondría «la destrucción definitiva e irreversible del nacimiento del río Belelle», que abastece de agua potable al municipio de A Capela y parte de los de Fene, Cabanas, Neda y Ferrol.

Además, la zona es refugio de una flora y fauna de gran riqueza, incluida alguna especie que figura como vulnerable en el catálogo de especies amenazadas de Galicia.

Denuncian asimismo que la explotación se sitúa «justo sobre una fraga autóctona de más de 25 hectáreas, que también desaparecía», por lo que consideran «intolerable» afirmaciones como que «del análisis ambiental no se desprenden afecciones a espacios naturales protegidos o componentes significativos de la biodiversidad».

Otros aspectos sobre los que alertan es la desaparición del único corredor ecológico entre el Parque Natural y el LIC Xubia-Castro, que supone el Monte Fontardión, a cuyo pie se encuentra la zona que se pretende explotar.

Para los ecologistas, «parece que en este caso la administración autonómica ambiental está más preocupada por garantizar los intereses económicos de los promotores de la mina que de atender sus obligaciones de protección del medio ambiente».

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