Las administraciones públicas han vuelto a suspender en transparencia. Se mire por donde se mire, sean los resultados de las auditoras y organizaciones internacionales o sea la valoración de los ciudadanos a través del índice de Confianza Ciudadana, las notas no alcanzan el aprobado. Hay una única excepción, la Monarquía, pero los ayuntamientos, partidos políticos, Congreso y Senado, ministerios, parlamentos autonómicos, y demás órganos de representación, son percibidos -y valorados- como instituciones que han progresado, que cada vez comparten más información y de mejor calidad, pero que todavía es insuficiente y no llega a alcanzar los estándares europeos.
El cambio, es preciso reconocerlo, se está produciendo desde la aprobación de la Ley de Transparencia y la puesta en marcha de los portales web sobre los que puso su empeño la vicepresidenta todoterreno Sáenz de Santamaría. Unas herramientas imperfectas, mejorables, poco amigables para los usuarios y con contenidos un tanto raquíticos, que tratan de dar respuesta a una demanda ciudadana y una obligación política. Los representantes públicos, ya se sabe, deben «decir lo que hacen y hacer lo que dicen» en todo momento, con rigor y seriedad.
Los tiempos actuales exigen dar más pasos. La transparencia, junto a las mejores prácticas en comunicación y participación ciudadana, no son ya un objetivo a alcanzar. Forman parte de la propia praxis y tienen que utilizarse y desarrollarse mucho más. Ahora se necesita poner en práctica una nueva técnica, desconocida por las gentes de la política: el diálogo. El diálogo entre adversarios, el diálogo que permita entablar negociaciones y llegar a acuerdos, el diálogo bidireccional, aquel basado en la escucha, en la búsqueda de consensos. Torrente Ballester lo explicaba así: «La política no es arte de rigidez, sino de flexibilidad. El tira y afloja, el doy para que des, el retrocedo dos para ganar uno, han constituido siempre los supuestos elementales de su táctica…».
La obligación de dialogar de una forma eficiente y productiva cogió con el pie cambiado a toda la clase política española, incluidas las formaciones autocalificadas como de nueva política. Las urnas les complicaron la vida. Ya no vale la repetición de los argumentos -cada vez con un tono de voz más alto- para convencer a los demás. Ya no vale dirigirse a la ciudadanía a través de un plasma, ni poner el programa político como condición sine qua non, ni fijar posiciones con la premisa de que se van a hacer sí o sí. A la corporación ferrolana se le atragantó el diálogo desde el primer día, hasta el punto de que han recurrido a los tribunales de justicia para que les ilumine y enseñe el camino a seguir. Veremos.