El Concello marca el día 2 para desalojar los pisos cuarto y quinto
19 dic 2014 . Actualizado a las 05:00 h.Hasta el día 2 de enero tienen de plazo los vecinos de los dos pisos de la cuarta planta y los dos pisos de la planta quinta del edificio O Penso de Cabanas para desalojar el inmueble. Es el tiempo que les ha dado el Concello ante el inminente inicio del derribo de estas dos plantas de la primera fase del inmueble, sobre el que pesan dos sentencias de los años noventa del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que ordenan la demolición de dos fases del edificio.
La empresa encargada de los trabajos firmó el acta de replanteo el 10 de octubre, fecha desde la cual tiene un plazo de ocho meses para acometer la primera parte de las tareas. Según explica el alcalde del municipio, Germán Castrillón, la actuación supondrá la sustitución del ascensor, tras lo que se iniciará el derribo. Esta primera fase cuenta con un presupuesto de 377.423,62 euros.
En las viviendas afectadas por la demolición ya no queda prácticamente nadie residiendo. «La gente a la vista de lo que iba a pasar se fue yendo, los que pudieron compraron otra casa, algunos utilizan esta como vivienda de verano o la tienen para alquilar», explican vecinos. Sí continúa residiendo en uno de los pisos afectados que deberá ser demolido en la segunda fase Antonio Pérez. Su hijo critica que la comisión de gobierno del Ayuntamiento de Cabanas, la alcaldesa de por aquel entonces, Modesta Anca, y el constructor no hayan sido penalizados, y sin embargo, los propietarios «estafados» tengan que «salir de sus casas corriendo con todos los gastos del traslado de los muebles, pagándose un alquiler unos y siendo desposeídos de su vivienda comprada y pagada legalmente». Su familia está «muy afectada», lamenta, por todo el proceso.
Alternativas
Una de las alternativas que el Concello ha planteado a los vecinos es la posibilidad de llegar a un acuerdo con la construcción de un nuevo inmueble en unos terrenos municipales y ya recogidos en el nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal. De esta forma, señala Castrillón, se podría llegar a un acuerdo teniendo en cuenta la diferencia del valor entre las propiedades ya que pasarían a un edificio nuevo. Destaca que el Concello impulsó un expediente patrimonial. «Cuando hicimos el proyecto de demolición hicimos una valoración de sus propiedades para podernos apoyar en algo y que tengan ese documento», recuerda.
El regidor insta a los afectados a que vayan al juzgado a pedir responsabilidades contra la exalcaldesa ya que el expediente de patrimonio no está preescrito, y recuerda que la problemática viene de otro gobierno municipal. «Hay una sentencia firme y me tengo que atener, aunque sería infinitamente mejor tener más margen de tiempo. Soy consciente y soy sensible con lo que les ocurre», afirma el alcalde, que incluso ha tenido que hacer frente ya a alguna multa con su propio dinero por la demora en la ejecución de la sentencia. «Me llevó siete años desde que llegué a la alcaldía devolver el dinero que se debía y conseguir los fondos para acometer la sentencia, garantizando los servicios a los vecinos», detalla.