La Xunta ha consignado en las cuentas del año que viene 2,8 millones para el tramo coruñés, del que quedan pendientes unos 50 kilómetros
27 oct 2014 . Actualizado a las 05:00 h.El compromiso de abrir un corredor costero entre Ferrol y la localidad lucense de San Cibrao se remonta a comienzos de este siglo, para «compensar» el desvío de la Transcantábrica, en Barreiros, hacia el interior, en lugar de continuar por la costa hasta la ciudad naval como en el resto de las comunidades. A falta de autovía, la Xunta anunció la construcción de la Vía de Altas Prestaciones (VAP) Ferrol-San Cibrao, que estaría finalizada en 2007. Ni entonces ni en 2011, la siguiente fecha prometida, y todo apunta a que tampoco en 2017, el último horizonte temporal que ha marcado el Gobierno gallego.
Según avanzó hace unos días el PP, en los presupuestos autonómicos de 2015 se consignará una partida de 2,8 millones para el corredor en la provincia de A Coruña -a lo que habría que sumar otros 6,75 para el tramo Viveiro-San Cibrao, de 7,9 kilómetros, una obra paralizada al poco de iniciarse-. El único trayecto rematado y abierto al tráfico es el de la variante de Ortigueira, inaugurada en julio de 2013. La inversión ascendió a 48 millones de euros, para 8,4 kilómetros de carretera, desde el polígono de Cuíña hasta Espasante.
En la provincia de A Coruña quedan pendientes unos 50 kilómetros de vial, desde O Barqueiro (el límite con la provincia de Lugo) hasta Espasante y desde Cuíña hasta San Sadurniño, donde ya podría enlazar con la autovía. Con los 2,8 millones de euros de gasto previsto por el Gobierno gallego para el próximo ejercicio, la probabilidad de que el corredor se complete en 2017 es escasa, por no decir que nula. El desvío de la A-8, primero, y las reiteradas demoras en la construcción del corredor representan un lastre para el desarrollo socioeconómico de las comarcas afectadas, en especial la zona de Ortegal, de lo que han alertado en varias ocasiones empresarios y vecinos. Y también algunos políticos (las últimas reuniones de alcaldes en torno a este tema se remontan a 2009), con mayor o menor énfasis en función del color político y la sintonía con el Ejecutivo autonómico.