El alto tribunal comunitario deja la decisión en manos del juzgado de Ferrol, que inició la consulta
09 oct 2014 . Actualizado a las 15:17 h.El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) considera que las exenciones fiscales a los astilleros públicos Navantia podrían constituir ayudas de Estado ilegales, pero indicó que corresponde a la justicia española comprobarlo.
La exención del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de la que se beneficia Navantia podría constituir una ayuda de Estado prohibida por la legislación europea. No obstante, el alto tribunal comunitario deja en manos del juzgado de la localidad gallega de Ferrol que inició la consulta sobre el caso analizar si es así. En su sentencia de hoy, la Corte europea con sede en Luxemburgo considera que esta exención podría constituir una ayuda de Estado, prohibida por la legislación europea. Sin embargo, recalca que el juzgado de Ferrol deberá comprobar si efectivamente, la exención puede ser considerada una ayuda de Estado improcedente en función de varios criterios interpretativos que incluye en su sentencia.
El Juzgado Contencioso-administrativo número 1 de Ferrol consultó al Tribunal de Justicia de la UE si esta exención fiscal del IBI concedida a la empresa pública Navantia respecto a una parcela de terreno propiedad del Estado es compatible con las normativas comunitarias sobre competencia. En concreto, el juzgado gallego se preguntaba si se puede considerar que este beneficio fiscal es una ayuda de Estado ilegal a los ojos de Bruselas, dado que podría suponer una ventaja selectiva respecto a sus competidores.
El Ayuntamiento tiene abiertos varios litigios con Navantia, empresa pública a la que reclama el pago del IBI de varios ejercicios, impuesto que representa en torno al 1% del presupuiesto municipal.. Varias sentencias han sido favorables a los intereses del Concello, aunque la compañía naval las recurre sistemáticamente. Ante una de las reclamaciones judiciales del Ayuntamiento a una sentencia favorable a Navantia, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ordenó la paralización de la ejecución de la sentencia y solicitó el informe de las autoridades europeas.
En abril hubo un primer pronunciamiento de Luxemburgo que daba la razón al ayuntamiento de Ferrol y reconocía el derecho a cobrar el IBI a Navantia.