Unos 200 vecinos acudieron a la reunión sobre el plan de regularización
16 sep 2014 . Actualizado a las 20:54 h.El gobierno local se dio ayer un baño de realidad en la reunión convocada para exponer a los vecinos su plan para regularizar Recimil. Más de doscientos residentes escucharon las explicaciones del concejal de Facenda e Patrimonio, Alejandro Langtry, que reconoció que en el barrio se producen «ocupaciones casi a diario» y que es algo que «no podemos permitir». La situación de conflictividad fue motivo de buena parte de las preguntas planteadas al edil. A él le recriminaron algunos casos concretos, incluso de familias que entraron a vivir con la entrega de los treinta pisos entregados por su gobierno. Coincidió en que «lo primero es mantener la calidad de vida en el barrio y la seguridad es la base». Y por ello defendió un plan que propone regularizar la situación de los vecinos que están sin contrato: por la aplicación de una ley, el exceso de subrogaciones o simplemente porque se metieron en una por no encontrar otra solución. «A lo mejor no les gusta a todos, pero es hora de poner algo sobre la mesa», justificaba. «No podemos permitir que sea un lugar donde la gente no quiera vivir», aseguró ante voces que le replicaron: «¡Pues es lo que hay!».
Efectivamente no todos los intervinientes, una quincena larga, se mostraron a favor de un plan que, entre otras cuestiones, aboga por aplicar nuevas rentas: en los nuevos contratos pero también actualizar las rentas antiguas, aunque este sería el último paso y en cantidades pequeñas, del orden de «unos 30 euros», ejemplificó el concejal. Plantearon la necesidad de arreglar las viviendas antes de que se les suban las mensualidades. E incluso alguno sugirió que se congelasen los alquileres a las personas que llevan «sesenta o setenta años» en el barrio.
Petición de arreglos
Acompañado por el presidente vecinal, Jesús Caselas, y el concejal de Obras e Servizos, Borja Carro -que prometió inversiones en el mercado por 110.000 euros-, por veces el encuentro informativo se tornó en una suerte de reunión con el casero. Al Concello le reclamaron que arregle cubiertas y humedades, e incluso que sustituya tuberías de plomo de las que no se puede beber agua potable y que están ya fuera de la normativa.
Langtry esgrimió que es «muy difícil de defender» alquileres de 1,50 euros cuando el Concello recauda en rentas 80.000 euros al año y se gasta 700.000 en arreglos. Además, reconoció que de la tanda de treinta viviendas entregadas el pasado año hay dos que se encuentran ya desocupadas. El gobierno local ha encargado un informe a la Policía Local y tras un plazo de audiencia «las recuperaremos para dárselas a los siguientes de la lista o a quien las necesite».
También anunció la creación en enero de la oficina de atención al inquilino y volvió a insistir en los planes municipales de regularizar el barrio en un año.