La empresa presentó en el 2010 la renuncia al contrato de explotación tras no acometerse obras en las instalaciones
14 ago 2014 . Actualizado a las 07:00 h.El juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Ferrol obliga al Concello de Narón a indemnizar a Servicios Deportivos de Galicia, firma que gestionó el parque rural de Aldea Nova entre los años 2007 y 2010, a raíz de una reclamación interpuesta por la empresa por la resolución del contrato de explotación. En concreto, la firma presentó un escrito en febrero del 2010 informando de la renuncia tras explicar al ayuntamiento la mala situación económica y requiriendo en reiteradas ocasiones que acometieran obras en el parque.
La sentencia detalla que en diciembre del 2012, en el acta de comprobación de las instalaciones, «consta la existencia de carencias y deficiencias de instalaciones y equipamientos descritos en el pliego (...), la inexistencia del edificio de usos múltiples y la inoperatividad de parte de los recursos como el albergue». Explica que se dejó constancia de que por parte de la empresa se aceptaba el acta y la entrada en funcionamiento del parque a pesar de las deficiencias y que, en caso de no corregirse por parte del Concello, pondrían en peligro el equilibrio y la sostenibilidad económica de la concesión.
En enero del año siguiente la firma materializó un informe de gestión ante el Ayuntamiento presentando varias propuestas correctoras como la realización de obras, legalización de otras y obtención de autorizaciones administrativas, además de la compensación económica mientras no se subsanaran las deficiencias de las instalaciones, un documento que se reitera en marzo y junio. Ese mismo mes el Concello abonó una importe de 40.000 euros en concepto de compensación, y otros dos pagos más del mismo importe en el mes de julio y 32.000 euros en octubre.
Sin embargo, continuaron sin efectuarse las obras requeridas, y la propia firma siguió cumpliendo con el contrato y asumiendo el coste de dotaciones y mejoras de las instalaciones por un importe superior a 58.000 euros, tras lo que requirieron la rescisión del contrato, explica el informe.
La sentencia obliga al Concello a indemnizar con 34.910 euros por daños y perjuicios causados.
Modificación de crédito
Para hacer frente a este pago, la corporación municipal aprobó en el último pleno una modificación de crédito. Desde el grupo municipal del PP criticaron que se incluyese en el orden del día sin que les diesen previamente ninguna información.