El comité de empresa achaca el rechazo de Bruselas al dique flotante a falta de «seriedad» en la petición de España
05 ago 2014 . Actualizado a las 23:03 h.Navantia considera que la operación de construcción del dique flotante en Ferrol «difícilmente podría llevarse a cabo sin incurrir en una ayuda pública o financiación privilegiada, contrarias a Derecho comunitario». Esta es la conclusión de los servicios jurídicos de Navantia tras analizar la respuesta a una consulta de España emitida por la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea sobre este asunto, en la que se considera que los términos en los que se plantea la construcción de un dique flotante en Ferrol para la reparación de grandes barcos, gaseros incluidos, puede ser ayuda de Estado.
Una vez estudiada la respuesta remitida por Bruselas, los servicios jurídicos de Navantia constatan la dificultad para desarrollar el proyecto «teniendo en cuenta las necesidades económicas» del mismo.
Pese a que la Dirección General de Competencia señala en varias ocasiones que existen aspectos no definidos del proyecto, desde Navantia ya se han extraído varias conclusiones acerca de la posición comunitaria. La primera es que, el si el proyecto recibiera algún tipo de ayuda estatal, Navantia sería considerada la beneficiaria de las ayudas de Estado. La segunda consiste en que, si la financiación pública del proyecto se concediera en condiciones «no de mercado», el riesgo de que se considere que dicha financiación supone una ayuda de Estado «sería muy elevado».
Los servicios jurídicos de Navantia también consideran que la compatibilidad eventual de todo potencial apoyo público está supeditada al respeto de los techos de ayuda regional a la inversión fijados por la Comisión para grandes empresas (15%). Estos límites «resultan muy inferiores a la intensidad de ayuda, superior al 50%, juzgada necesaria para posibilitar la viabilidad del proyecto», señala Navantia. Por último, la sociedad pública reconoce que la existencia de ayudas a Navantia «constituye un factor de potencial distorsión de competencia en un sector abierto a la misma como el de reparación naval».
Falta de seriedad
El portavoz del Comité de Empresa de Navantia Ferrol, Ignacio Naveiras, ha calificado como «un palo» a los intereses del sector naval el rechazo de la UE a la construcción del dique flotante y lo ha atribuido a que «desde el Gobierno central y la Xunta de Galicia no ha habido una actitud seria» sobre el tema.
Naveiras ha lamentado el varapalo que supone la respuesta negativa de la Unión Europea, pese a que «todo hacía indicar que la forma de defender el dique flotante por parte del PP no era la más adecuada», a pesar de «las promesas» que realizaron en campaña electoral. El portavoz del Comité sostiene que desde España se ha realizado la solicitud de «forma tímida y sumisa», lo que contrasta con la actitud de otros países, «como Holanda, que lo hacen de forma seria y consiguen dinero para sus astilleros». «Ni en este caso ni en el de la caída del veto --la limitación europea a la construcción naval civil en Navantia-- se ha palpado, ni por parte del Gobierno central ni por parte de la Xunta de Galicia, una actitud seria y de estar encima del tema y con una exigencia real», ha aseverado.
Esquerda Unida también ha atribuido «en gran parte a la negligencia del Gobierno del PP» el dictamen de la Unión Europea. El partido afirma que el dictamen de la UE es «un golpe más» a un sector naval público «noqueado», ante la «absoluta desidia del alcalde de Ferrol», «la poca fuerza de Feijoo» y «la intención clara de Montoro y Rajoy de dejar caer las zarpas especuladoras de las multinacionales sobre los terrenos de Navantia Fene y Ferrol».
El PP carga contra Almunia
Desde las filas populares censuran la «falta de apoyo» al naval de Ferrolterra del socialista Joaquín Almunia, que dirige la Comisión de la Competencia de la Unión Europea. El diputado del PP Miguel Tellado ha asegurado que Almunia «jugó políticamente con este proyecto» y ha acusado a los socialistas de «mentir de forma reiterada» sobre el dique flotante cuando afirmaban que no era necesario contar con la autorización de la Comisión Europea. «Almunia no solo demostró que la petición de autorización era precisa, sino que además cerró las puertas al proyecto», ha añadido.