Navantia recurre el IBI del 2013, pese al fallo de Luxemburgo

francisco varela FERROL / LA VOZ

FERROL

<span lang= es-es >Un millón de metros cuadrados</span>. Es la superficie que ocupa Navantia en el municipio de Ferrol lo que hace que sea el primer contribuyente individual de las arcas municipales.
Un millón de metros cuadrados. Es la superficie que ocupa Navantia en el municipio de Ferrol lo que hace que sea el primer contribuyente individual de las arcas municipales. josé pardo< / span>

La resolución del Tribunal Europeo no llegó todavía al juzgado de Ferrol

16 abr 2014 . Actualizado a las 12:55 h.

Navantia presentó recurso contra la liquidación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles que el Concello de Ferrol le giró del período del 2013. El asunto tuvo entrada ayer en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo local, en el día en que se conoció la noticia de que el Tribunal Europeo de Justicia da la razón sobre este conflicto a la autoridad municipal. Luxemburgo sostiene que la empresa pública debe pagar el referido impuesto por la actividad que desarrolla en el ámbito privado. Es decir, cuando no fabrique buques militares para la Marina de Guerra española. Había sido el juez sustituto Cristóbal Pintado quien, durante el período en que ocupó interinamente el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Ferrol, había formulado una cuestión prejudicial ante Luxemburgo al observar disparidad de resoluciones sobre el conflicto del IBI que viene enfrentando al Concello de Ferrol y la factoría naval.

La decisión del Tribunal Europeo es vinculante para los tribunales españoles, de manera que será determinante en todos los contenciosos abiertos todavia. Entre ellos, está pendiente de ejecución el único pronunciamiento contrario al Concello de Ferrol por el que Navantia reclamó la devolución del impuesto pagado. Existen al menos otros dos pleitos vivos por este mismo motivo. Hasta el 2007, la empresa abonó el IBI, pero a partir del año siguiente tanto el Ministerio de Defensa, propietario del recinto cedido a Navantia, y esta compañía han venido solicitado la exención fiscal, que ha denegado periódicamente el Concello. Esta decisión ha sido impugnada año tras año por el astillero ante los tribunales de justicia. Los pronunciamientos fueron todos favorables al Concello, salvo en 2012, cuando el TSXG revocó el IBI del 2011. Este fue el motivo de la cuestión prejudicial del juez Pintado ante el Tribunal de Luxemburgo.