La diputada Paloma Rodríguez reclama un departamento especial
18 abr 2013 . Actualizado a las 07:00 h.Ferrol se lleva la palma en casos de afectados por el amianto en Europa, según los datos que recoge una iniciativa parlamentaria de la diputada socialista Paloma Rodríguez. Por ello, la parlamentaria considera necesario la creación de un departamento específico en el Ministerio de Sanidad y así lo plantea en una proposición no de ley en el que plantea igualmente la constitución de un fondo estatal para indemnizar a las víctimas.
Una vieja reivindicación planteada por los colectivos de afectados desde hace tiempo. Con ello se evitaría que se vean obligados a reclamar ante los tribunales continuamente sus derechos en largos procesos durante los cuales, como está ocurriendo, una parte fallece debido a las enfermedades derivadas. Además sostiene que la unidad específica del servicio de Neumología que atiende los miles de casos está «sobrecargada». En su inmensa mayoría, estos afectados son antiguos trabajadores de los astilleros (Bazán, Astano y compañías auxiliares) que se contaminaron trabajando en los buques porque el amianto era un material muy utilizado hasta los años 80 como revestimiento de calderas y conducciones de calor de los barcos. La diputada considera que un fondo estatal para indemnizar a los afectados es la fórmula que existe en otros países del entorno, como Francia, Reino Unido o los nórdicos. Fondo que tendría que nutrirse con cargo a las compañías de seguros de las empresas y otras aportaciones de los presupuestos generales del Estado, a través de la Seguridad Social.
Al mismo tiempo, añade, es necesaria la creación de un programa de vigilancia epidemiológica de la enfermedad, con otro fondo para la investigación d las patologías cancerígenas derivadas de la exposición al amianto, con un departamento ad hoc. Rodríguez dice también que Galicia, con 174 empresas que utilizaron el amianto en el naval, la construcción, siderurgia, ferrocarril y automóvil ha registrado 40.000 casos de afectados en los últimos 30 años. Por último, requiere también de las mutuas de accidentes laborales un mayor control de la normativa en materia de revisión de los trabajadores expuestos. Quiere saber también qué ocurre cuando la empresa a la que perteneció la víctima ha desaparecido. Critica que las indemnizaciones judiciales se fijen por «perjuicio involuntario».
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