Polémica entre el juez y la fiscala por el registro en el Concello de Ferrol en enero

f. varela FERROL / LA VOZ

FERROL

El juez Morán rechaza ahora el recurso y responde a la Fiscalía calificando de «insólita» su posición por «disparidad de criterios»

26 abr 2012 . Actualizado a las 07:00 h.

La operación Torre de Ferrol, que incluyó el registro judicial de las oficinas del concejal de Obras, Gerardo López Castrillón (PSOE), en el anterior mandato municipal y que fue llevada a cabo por el juez Morán Llordén, es la causa de un enfrentamiento entre el magistrado y la Fiscalía local. La fiscala recurrió el auto del registro en el Concello y las intervenciones telefónicas al concejal y a dos aparejadores por entender que el asunto no pasaba de una cuestión administrativa de fraccionamiento de obras para evitar la publicidad y libre concurrencia. Y lo hizo, dice la fiscala en el recurso, basándose en lo declarado por el interventor municipal.

El juez Morán rechaza ahora el recurso y responde a la Fiscalía calificando de «insólita» su posición por la «disparidad de criterios» entre la operación Virgin (de supuesta corrupción urbanística en Mugardos, ya archivada) y la de ahora en Ferrol. En Mugardos, le dice el juez, el fiscal apoyó las intervenciones telefónicas y los registros. Ahora en Ferrol, le añade, la Fiscalía «intenta cercenar la investigación desde el principio».

La Fiscalía recordaba en su recurso las limitaciones que fija el Tribunal Supremo para autorizar escuchas y que estas y los registros son solo para casos especiales, y la fiscala considera que el de Ferrol no lo es. Pero Morán sugiere que la materia tiene importancia porque se trata de fondos públicos que se adjudican al empresario Albanese en fraccionamiento de obras, y la construcción de una casa que este habría hecho a una aparejadora encausada. Morán considera necesario el registro del Ayuntamiento, el pasado enero, por la escasa colaboración que recibía tradicionalmente del Concello cuando pedía expedientes por obras en el cuartel de Sánchez Aguilera. Porque la pesquisa empezó en esas obras por un supuesto delito laboral en materia de seguridad e higiene al manipularse uralitas con amianto sin las prevenciones necesarias. El juez rechaza el recurso de fiscala y defensas, y el asunto pasará a la Audiencia.