Su interrogatorio como testigo en el caso Gürtel será decisivo para su futuro político
26 jul 2017 . Actualizado a las 08:55 h.Mariano Rajoy afronta este miércoles su momento más amargo y comprometido desde que accedió a la presidencia del Gobierno. El líder popular está citado a declarar a las 9.30 horas en la Audiencia Nacional como testigo en el primero de los juicios por el caso Gürtel, que investiga una presunta trama de corrupción. Es la primera vez que un presidente del Gobierno en ejercicio declara ante un tribunal. Y, al hacerlo como testigo, Rajoy está obligado a comparecer sin abogado, a responder a todas las preguntas y a decir la verdad durante las dos horas que se prevé que dure el interrogatorio. Consciente de lo delicado de su comparecencia, el líder popular lleva días preparando su declaración asistido por un equipo dirigido por el letrado Jesús Santos.
No habrá grandes novedades
Pese a que los hechos investigados en este juicio se circunscriben a la actividad de la trama corrupta en el período que abarca desde 1999 hasta el 2005 y a presuntos delitos cometidos en Madrid, Castilla y León y Andalucía, Rajoy es consciente de que será preguntado también por asuntos muy distintos y comprometidos para él, como el presunto cobro de sobresueldos o la existencia de una caja B en el PP. Aunque tratará de no caer en un repetitivo «no me consta» o «no lo recuerdo», en el PP aseguran que Rajoy no aportará novedad alguna a lo ya conocido y tratará de revertir la situación explicando que fue precisamente él quien ordenó que su partido dejara de hacer contratos con las empresas de Francisco Correa, cabecilla de la trama corrupta Gürtel, y que en la época que se investiga su papel en el partido era político y no tenía ni ninguna competencia sobre las finanzas.
En el PP están convencidos de que, pese a comparecer como testigo, Rajoy será acosado a preguntas por la acusación popular. Y de que la imagen de un presidente testificando en un juicio no es algo precisamente positivo. Pero confían en la capacidad del líder del PP para defender con firmeza su honestidad personal y el desconocimiento de cualquier hecho ilegal que pudiera haberse cometido. De que consiga o no ambos objetivos depende en buena parte su futuro político y la estabilidad de la legislatura.
El objeto concreto de su comparecencia como testigo es determinar si como máximo responsable del PP conocía o no una donación de 245.000 euros realizada en el año 2003 para financiar la campaña electoral del PP en los ayuntamientos madrileños de Pozuelo y Majadahonda. Como presidente del PP, Rajoy está citado a declarar por el hecho de que el partido se sienta en el banquillo como beneficiario a título lucrativo de esa donación realizada por la trama corrupta. El líder popular alegará con toda seguridad desconocer esa donación porque, como es lógico, no podía estar al tanto de los gastos de campaña del partido en cada ayuntamiento de España.
El coordinador general del PP, Fernando Martínez Maíllo, ya adelantó que Rajoy echará mano de los estatutos del PP para dejar claro que las finanzas de la formación conciernen en exclusiva al gerente y al tesorero. En las municipales del 2003, que son las que se investigan en este juicio, Rajoy no era el jefe de campaña y tampoco era el secretario general del PP, cargo que ocupó desde septiembre del 2003 hasta octubre del 2004, aunque sí era vice secretario general.
Acoso de la acusación popular
Pero la acusación popular, representada por la Asociación de Abogados Demócratas de Europa (Adade), que es la que ha conseguido que declare como testigo, le formulará otras preguntas más comprometidas, referidas a su implicación en el cobro de sobresueldos o la existencia de una contabilidad paralela en el PP, como también lo harán, previsiblemente, los representantes del Partido Socialista del País Valenciano (PSPV) y el Partido Socialista de Madrid (PSM), personados en la causa. Está por ver si la Fiscalía, que se opuso a su citación como testigo, interrogará o no al presidente del Gobierno.
Lo excepcional de que por primera vez un presidente del Gobierno en ejercicio tenga que declarar en un juicio se constata en hechos como el de que Rajoy no vaya a estar sentado durante su interrogatorio en el lugar en el que lo han hecho el resto de los testigos y acusados, situado en un nivel más bajo que el de los jueces y abogados, sino en un estrado a la misma altura que los magistrados. Y también en las grandes medidas de seguridad tomadas en las cercanías de la sede de la Audiencia Nacional en la localidad de San Fernando de Henares (Madrid).
Correa y Crespo tienen intención de no acudir a la sala
Los principales responsables de las empresas de la Gürtel -Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez- tienen intención de no asistir a la sesión de hoy en la Audiencia Nacional. Los acusados tienen autorización del tribunal para no asistir a las sesiones cuando los testigos no han sido propuestos por sus abogados, como es el caso de Mariano Rajoy, cuya presencia ha sido reclamada por una acusación popular.
La acusación pedirá al tribunal que le permita preguntas más allá de la causa
El primero en interrogar a Mariano Rajoy será el letrado de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade), que ha ejercido la acusación popular y que es la que solicitó hasta tres veces que Mariano Rajoy fuera citado como testigo. Después será el turno de las otras dos acusaciones populares, que ejercen el Partido Socialista de la Comunidad Valenciana y el Partido Socialista de Madrid. A continuación podrán preguntar la Fiscalía, la Abogacía del Estado y las defensas de los 37 acusados más las de los dos enjuiciados como partícipes a título lucrativo, el PP y la exministra Ana Mato.
El presidente de Adade, Mariano Benítez de Lugo, se mostró ayer confiado en que el tribunal será «flexible» y aceptará las preguntas que no guarden estricta relación con la causa, como ha ocurrido con otros acusados y testigos. «Sería increíble que ahora operara con criterio restrictivo», afirmó. Benítez de Lugo también ve probable que las dos fiscalas se abstengan de preguntar, ya que veían innecesario llamar a Rajoy. Esta acusación tiene intención de centrar su interrogatorio en la supuesta financiación ilegal del PP y en el papel concreto que jugaba en la misma Luis Bárcenas.
Concepción Nicolás y Concepción Sabadell serán las fiscalas anticorrupción que podrán interrogar a Rajoy, y estarán respaldadas por su jefe, Alejandro Luzón, quien acudirá a la sala para «apoyar» a sus subordinadas y por «respeto institucional», según informaron fuentes de ese departamento.
