La ley prohíbe el maltrato y la muerte del animal e impone restricciones para asegurar su bienestar
24 jul 2017 . Actualizado a las 14:26 h.El Parlamento ha aprobad de forma definitiva la proposición de ley que regula las corridas de toros en las Islas Baleares. Prohíbe la muerte del animal durante el espectáculo e impone restricciones al encierro de Fornalutx. Es el segundo proyecto de ley que se ha presentado en este sentido para regular las corridas de toros en las islas, ya que el primero pretendía prohibirlas directamente.
Este primer proyecto no vio la luz por invadir competencias estatales al estar declarada la tauromaquia patrimonio histórico y cultural e ir en contra de ciertas sentencias que se pronunciaban en este sentido. Por ello, la propuesta inicial debió modificarse para encajar en la ley estatal, dentro de las competencias propias marcadas en el Estatuto de Autonomía. Ésta pudo avanzar en su tramitación el pasado 13 de junio, con el visto bueno inicial del Parlamento y los votos a favor de los partidos del Pacto (PSOE, MÉS Y Podemos), en contra de PP y Ciudadanos y la abstención del PI.
Máximo de tres toros, sin heridas ni muertes
La ley permite las corridas en las islas pero con un máximo de tres toros que no podrán ser heridos ni con banderillas ni con la espada, en una faena que durará un máximo de diez minutos y en las que se realizarán controles anti-doping a animales y toreros. Se permitirá el encierro, pero siempre y cuando el toro no sea maltratado ni matado al finalizar el espectáculo siendo un veterinario el que certifique que el animal ha sido tratado correctamente. Además, para evitar cualquier incidente, se prohíbe la venta y consumo de alcohol en las plazas, a las que no se podrá acudir hasta los 18 años.
Asimismo, la normativa prohíbe las novilladas y establece que los toros de lidia, tras ser transportados desde la Península, descansen 48 horas antes del espectáculo. Recoge también sanciones leves, cuyo coste asciende de 300 a 1.000 euros; las graves, hasta 10.000 euros, y las muy graves, hasta 100.000 euros.
La iniciativa legislativa, otra de las más polémicas de esta legislatura, verá finalmente la luz con el aplauso de los grupos del Pacto (PSOE, MÉS y Podemos), pero con la oposición de PP y Ciudadanos, que insisten en que roza la inconstitucionalidad al interferir con leyes estatales.