La fecha de hoy estaba marcada en el calendario secesionista porque expira el plazo de 18 meses que se dieron la CUP y Junts pel Sí para proclamar la ruptura con España
10 jul 2017 . Actualizado a las 05:00 h.El 10 de julio del 2017 estaba señalado en rojo en los calendarios de los partidos secesionistas como el día en que se cumplen los 18 meses desde que Carles Puigdemont fue investido presidente de la Generalitat. Era el día en que Cataluña debería haber cumplido el período de transición y declararía la independencia, según el programa de Junts pel Sí, como paso previo a la convocatoria de unas elecciones constituyentes. Nada de eso ocurrirá a lo largo del día hoy. Ni el presidente de la Generalitat saldrá al balcón del Palau de la Generalitat a proclamar la república catalana ni lo hará el Parlamento catalán.
De hecho, la mayoría que forman Junts pel Sí y la CUP en la Cámara ya ni siquiera contempla la declaración unilateral, al menos a corto plazo, y ha reducido su hoja de ruta a la celebración de un referendo, que podría dar lugar a la proclamación de la secesión en caso de victoria del sí. Carles Puigdemont prometió que estaría un año y medio al frente del Gobierno y luego se marcharía. De momento, la legislatura se prolongará hasta el 1 de octubre, fecha prevista para la consulta. A partir de ahí, todo es una incógnita, en parte porque el partido del presidente de la Generalitat es el menos interesado en que acabe la legislatura.
El primer día D fijado por los soberanistas fue el 23 de abril del 2015 Y también porque el secesionismo acumula ya unos cuantos incumplimientos en los últimos años. Ha prometido varias veces llegar a Ítaca, pero el viaje no acaba de concluir. La primera fecha que se fijó como día D, como el día de la independencia, fue el 23 de abril del 2015. La Assemblea Nacional Catalana (ANC), por entonces presidida por Carme Forcadell, marcaba la política catalana y condicionaba al Ejecutivo como ahora lo hace la CUP. Meses antes de la consulta del 9N del 2014, la plataforma ANC se atrevió a establecer por su cuenta el día de Sant Jordi del 2015 como la jornada en la que Cataluña alcanzaría la plena soberanía después de votar en la consulta del 9N del 2014. No solo no se produjo la ruptura, sino que aquella consulta acabó rebajada a proceso participativo sin ningún efecto jurídico. Sí hubo, en todo caso, urnas y votación, como había prometido Mas, que junto a Homs, Ortega y Rigau han sido condenados a penas de inhabilitación por desobedecer al Tribunal Constitucional.
La siguiente promesa grandilocuente que no acabó de consumarse fue la del 27S. Artur Mas vendió las elecciones catalanas como el «referendo definitivo que Madrid no nos deja hacer». Consiguió que los comicios tuvieran un cariz plebiscitario, pero lejos del «voto de tu vida» que anunciaba Junts pel Sí en su lema de campaña. Tras la investidura de Carles Puigdemont, una nueva cita con la historia, una hoja de ruta de 18 meses, y la proclamación de la independencia. Ese plan quedó desfasado en septiembre del año pasado. Ahora, la próxima estación es el 1-O: referendo oficial y vinculante.
Y el presidente del Ejecutivo catalán, Junts pel Sí y la CUP anuncian que la ley de la consulta establece que, en caso de victoria del sí, en dos días como máximo se proclamará la secesión. Es decir, los independentistas vuelven a colorear en rojo en sus calendarios el 2 o el 3 de octubre. O incluso el 6 de octubre, para conmemorar el día en que en 1934 Lluís Companys salió al balcón del Palau de la Generalitat a proclamar el Estado catalán.
La oposición critica los tics autoritarios del proceso
El independentismo autodefinió el proceso secesionista catalán como la revuelta de las sonrisas, una revolución de las clases medias que, a base de manifestaciones pacíficas durante las Diadas del 11-S, alcanzaría la independencia sin apenas tirar un papel al suelo. Siempre con el lema «Love democracy». Pero no es oro todo lo que reluce. El jueves pasado, el Consejo de Garantías Estatutarias (el constitucional catalán) advirtió a Junts pel Sí y a la CUP de que aprobar las llamadas leyes de la desconexión por la vía de la lectura única viola la Constitución y el Estatuto catalán y vulnera los derechos de los grupos de la oposición, que han criticado la falta de garantías de la consulta del 1-O, una votación en la que, aseguran, solo participarán los partidarios de una de las opciones, los miembros de las mesas serán también de una sola de las opciones, la organización estará a cargo de voluntarios que no apunta a que sean contrarios a la secesión, con un censo que no es el oficial de las elecciones habituales, sin funcionarios, sin las garantías que establece la Comisión de Venecia y sin el reconocimiento ni de Madrid ni de Bruselas.
Cargan contra el partido de Colau por no avalar el 1-O como referendo vinculante
El independentismo cargó ayer con dureza contra el partido de Ada Colau, tras su decisión del sábado de considerar el 1-O una movilización y no un referendo vinculante y no llamar a la participación de la ciudadanía. Un apoyo muy limitado de Catalunya en Comú, que según la coordinadora del PDECat, Marta Pascal, deja «desamparados» a los votantes de la confluencia de izquierdas.
Desde Esquerra, Gabriel Rufián instó a los dirigentes de la izquierda alternativa a que aclaren si su proyecto político es «español». «Ya no me interesa lo que piensen Colau, Domènech, Coscubiela o Rabell», dijo. Lluís Llach, de Junts pel Sí, calificó las calabazas de los comunes al 1-O de «estafa». «No hay liberación social si no la hay en lo nacional», afirmó. También la CUP cargó contra los comunes: «Las luchas compartidas, romper el régimen, quitar el poder a la casta, el espíritu insumiso del 15-M. Si al final no estáis, la historia os pasará por encima. Habréis mentido. Tristeza», aseguró Mireia Boya en un tuit.
