El enfado de la CUP por el fiasco del concurso de las urnas pone a Puigdemont en aprietos

cristian reino BARCELONA / COLPISA

ESPAÑA

Andreu Dalmau | EFE

El referendo también encalla porque la Generalitat carece del censo de catalanes residentes en el extranjero

28 jun 2017 . Actualizado a las 05:00 h.

A tres meses para el referendo ilegal del 1 de octubre y a una semana de que Carles Puigdemont explique cómo piensa organizarlo, la Generalitat admitió ayer que se encuentra ante un problema muy serio porque ni tiene urnas ni empresas que puedan fabricarlas. Dos escollos, pero no los únicos porque también falta un censo, no hay perspectivas de un reconocimiento internacional y no existe una ley que ampare la consulta.

El Gobierno catalán anunció que ha declarado desierto el concurso porque las dos empresas que se presentaron para producir 8.000 urnas no cumplían los requisitos para su homologación. El Ejecutivo catalán habló de factores «técnicos y económicos», y culpó al equipo de Mariano Rajoy de haber presionado y amenazado a las empresas. Entiende que las dos firmas se autodescartaron presentando documentación insuficiente. 

Querella de la Fiscalía

Desde el Gobierno central vincularon la decisión del Ejecutivo de Puigdemont a la admisión en el Tribunal Superior de Cataluña de la querella de la Fiscalía contra la consejera de Gobernación, Meritxell Borràs, y su número dos por el concurso de las urnas. Fuentes de la Moncloa apuntaron que Puigdemont ha frenado la licitación por los efectos judiciales que comporta. Borràs es investigada por desobediencia, prevaricación y malversación.

La CUP también cree que en la Generalitat se ha instalado el temor a firmar la orden de adquisición de urnas por temor a las inhabilitaciones. Los anticapitalistas incluso se ofrecieron a entrar en el Gobierno y asumir la tarea de rubricar la orden de compra. «Basta de pusilánimes que buscan subterfugios», aseguró enfadada la diputada cupera Mireia Boya. «Solo podemos expresar nuestra perplejidad», afirmó antes de aclarar que la CUP está apartada del núcleo de la toma de decisiones. «Que hagan el procedimiento que quieran, pero el Gobierno catalán tiene que comprar las urnas para el referendo y tiene que decir claro que son para el referendo. Que vayan de cara», dijo. 

El martes, explicaciones

El fiasco de la licitación de urnas y la acusación de la CUP al Gobierno catalán de tenerla «apartada» de la gestión de la consulta surtió efecto. Esos nervios instalados ayer en el independentismo desembocaron en una reunión de urgencia en el Palau de la Generalitat entre Junts pel Sí, la CUP, las entidades de la sociedad civil y el presidente. Un cierre de filas para tranquilizar los ánimos. Puigdemont se ha comprometido a despejar todas las dudas el martes que viene. A pesar de las dificultades, la Generalitat mantuvo ayer «intacto» el objetivo de adquirir las urnas y estudiará «otras vías» legales para obtenerlas.

El referendo se encuentra en un momento delicado después de que trascendiera que la Generalitat no da con la tecla para conseguir que los catalanes residentes en el extranjero, más de 220.000, puedan votar.

Sánchez prevé sanciones para los alcaldes que participen en el 1-O

Pedro Sánchez y su número dos discrepan sobre los alcaldes del PSC. El líder del partido cree que no se puede sancionar a un regidor que vote en el referendo a título personal, pero el secretario de Organización, José Luis Ábalos, sostiene que un cargo público no tiene «comportamientos personales».

El secretario general del PSOE advirtió ayer que los regidores del PSC que participen en el referendo ilegal previsto para el 1 de octubre serán sancionados siempre que «participen como alcaldes», mientras que el PSC ha evitado avanzar qué medidas piensa tomar en ese supuesto. Por su parte, Ábalos aseguró que «cuando asumimos una responsabilidad pública, estamos llamados a renunciar a cuestiones personales, porque debemos hacer pedagogía y tiene que haber comportamientos ejemplares en la vida pública».

La carta del presidente catalán llega al Congreso doce días después

Doce días ha tardado en llegar a la presidenta del Congreso la carta del presidente catalán. Carles Puigdemont expone en ella su deseo de defender ante la Cámara baja su propuesta soberanista, pero sin que sea sometida a una posterior votación. Un planteamiento que tiene difícil encaje en el reglamento del Congreso, por no decir imposible.

La misiva fue enviada el 16 de junio, según el Gobierno catalán, por correo electrónico aunque nunca llegó a la bandeja de entrada de Ana Pastor, según esta. También se remitió por correo certificado, y tampoco. Hasta que ayer llegó a su destino de manos de un mensajero de una empresa privada. Una tardanza que ha dado pie a todo tipo de chanzas y comentarios jocosos. Pastor, poco dada a bromear en público, dijo con cierta ironía que contestará «en un plazo razonable».