Maza advierte a los voluntarios que ayuden en el referendo que actuará contra ellos

Nuria Vega MARDID / COLPISA

ESPAÑA

Sergio Barrenechea | efe

Puigdemont garantiza que los funcionarios no se verán obligados a participar en la consulta, que abrirá una bolsa para quién desee colaborar, sea empleado público o no

17 jun 2017 . Actualizado a las 10:11 h.

Por ahora es una «mera hipótesis». El «anuncio del anuncio», que diría el Gobierno. Pero la Fiscalía General del Estado pone ya sobre aviso a Carles Puigdemont antes de que reclute a 4.500 voluntarios para ejercer de agentes electorales el día del referendo. «Si entendemos que en cualquier circunstancia se ha incumplido la ley -anticipó ayer José Manuel Maza-, actuaremos sin ningún tipo de complejo ni exacerbación». Tanto el ministerio público como el Gobierno, de momento, se han limitado a tomar nota del anuncio del presidente catalán. El pasado miércoles, Puigdemont intentó frenar los recelos de los sindicatos con la garantía de que los funcionarios no se verán obligados a participar en la consulta. Y avanzó su intención de abrir una bolsa para que quien desee colaborar el 1 de octubre, sea o no empleado público, pueda inscribirse y formarse.

«Impotencia clara»

Ninguna de las declaraciones del dirigente catalán pasan desapercibidas en la Fiscalía, aunque por sí mismas no sean suficientes para motivar una actuación. Es por eso que Maza no ahondó en si cabe emprender acciones legales contra quienes se impliquen en la organización del referendo de modo voluntario. Mientras no haya decisión firme, el fiscal general del Estado se limita a avisar de que ningún «comportamiento penal» será ignorado.

Lo mismo ocurrió el 9 de junio, cuando Puigdemont y su número dos, el vicepresidente Oriol Junqueras, revelaron el día de la consulta y la pregunta que se proponen plantear. Entonces, ni la Abogacía del Estado ni la Fiscalía detectaron que la cita tuviese relevancia jurídica. Pero días después, la Fiscalía Superior de Cataluña se sirvió del contenido del acto para reforzar su querella contra la consejera de Gobernación, Meritxell Borràs, por la compra de urnas. Argumentó que si la idea es llamar a votar el 1 de octubre, está claro en qué se empleará el material.

El Gobierno considera que los últimos movimientos revelan la «impotencia clara» de Puigdemont. En la Moncloa sostienen que la aventura independentista no está atravesando su mejor momento, sin apoyos sociales ni internacionales. Y en ese contexto enmarcan los pasos del presidente catalán. «Una bolsa de voluntarios no tiene seriedad alguna», incidió el portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo.