El Gobierno resta valor al anuncio de la fecha del referendo secesionista

Nuria Vega MADRID / COLPISA

ESPAÑA

ALEJANDRO GARCÍA | EFE

Insiste en que hagan lo que hagan, la consulta «no se va a celebrar» en ningún caso

09 jun 2017 . Actualizado a las 05:00 h.

La Abogacía no quiere dar «pasos en falso». Fuentes de la Moncloa anticiparon ayer que los servicios jurídicos del Estado escrutarán y transcribirán la declaración institucional con la que Carles Puigdemont y Oriol Junqueras van a comunicar hoy la fecha y la pregunta del referendo independentista. Pero si realmente no hay convocatoria formal de la consulta, ni firma estampada en un documento o papel que sustente el anuncio, el Gobierno es partidario de relativizar el movimiento del Ejecutivo catalán. «Al final lo que cuenta son las decisiones que tienen valor no solo político, sino también jurídico», suscribió el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo.

Pese a la formalidad de la cita en el Palau de la Generalitat, en el Gobierno se mostraban ayer cautelosos a falta de conocer los detalles de la puesta en escena. En esta fase decisiva del proceso, en la Moncloa apuestan por no caer en la precipitación ni errar con los recursos que se presenten en los tribunales para frenar la consulta secesionista. Por eso, si Puigdemont se ciñe a una mera declaración de carácter político, la respuesta que el Ejecutivo le trasladará inmediatamente después de su reunión de los viernes será la misma de siempre. «Pueden anunciar que van a anunciar ese referendo todas las veces que quieran, retrasarlo cuantas semanas quieran y convocar cuantos actos quieran, pero el referendo no se va a celebrar», advirtió la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, a última hora del miércoles en Barcelona.

Cuando el 29 de septiembre del 2014 el Gobierno acordó en una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros impugnar la consulta del 9N y la ley que amparaba la votación, Mariano Rajoy tenía sobre la mesa el decreto de convocatoria firmado por el entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas. El jefe del Ejecutivo compareció en el Palacio de la Moncloa para incidir en que «no hay nada ni nadie, ni poder ni institución alguna, que pueda romper el principio de soberanía única e indivisible». Horas más tarde, el Tribunal Constitucional admitió los recursos y suspendió de manera cautelar el procedimiento. Un mes después tendría que volver a reunirse para actuar del mismo modo con la consulta alternativa que planteó la Generalitat.

Ahora, sin embargo, fuentes gubernamentales desconocen si habrá papel que impugnar o algo que sea susceptible de recurso. También contemplan que la convocatoria oficial se produzca en pleno verano. «Cuando haya que actuar lo haremos», se limitó a señalar la vicepresidenta.

En su departamento se examinan todos los escenarios que podrían darse en los próximos meses camino del referendo. Fuentes gubernamentales apuntan a la «necesaria proporcionalidad» en la respuesta y entienden que el Estado cuenta con mecanismos suficientes para frenar la consulta. 

Advertencia por las urnas

En primer lugar, sostienen que sin material difícilmente podrá celebrarse. Esto implica la posibilidad de obstaculizar el suministro de aquello que sea imprescindible para el referendo, su transporte o incluso su almacenamiento. En este sentido, el secretario de Estado de Administraciones Territoriales recordó ayer que el Gobierno sigue de cerca la licitación para la adquisición de urnas. «Si yo fuera un empresario, tendría muy claro que cuando me presento a un concurso me presento para algo legal», dejó caer Roberto Bermúdez de Castro, sin entrar abiertamente en posibles sanciones a los fabricantes.

En todo caso, avisó de que el Ejecutivo acudirá a los tribunales si las cajas se emplean para cualquier convocatoria que resulte ilegal. Del mismo modo, en la Moncloa tienen en cuenta que no solo las empresas, sino que también los funcionarios catalanes podrían jugar un papel importante en el proceso independentista. Es por eso por lo que en las últimas semanas el Gobierno se ha esforzado en lanzar mensajes para que los empleados públicos no accedan a tomar parte en los preparativos de la Generalitat.

La marcha de Germá Gordó abre una purga en la Generalitat entre sus afines

Con un lacónico «hemos perdido la confianza en ella», la Generalitat fulminó ayer a la directora del Instituto Catalán de la Mujer, Teresa Pitarch. Su destitución se hará efectiva en la próxima reunión del Gobierno catalán, el martes que viene. Carles Puigdemont ha cortado la cabeza de Pitarch un día después de que la dirigente nacionalista anunciara que abandona el PDECaT en solidaridad con Germá Gordó, que fue casi obligado a cesar como miembro de la ex CDC tras su imputación por el caso 3 %, en el que está acusado por la Fiscalía de ser el conseguidor de las mordidas que supuestamente cobraba Convergència de empresarios de la construcción.

El exconsejero de Justicia, exsecretario general de la Presidencia y antiguo gerente de CDC renunció a su militancia, pero no a su escaño en la Cámara catalana, que mantendrá como diputado no adscrito y fuera del grupo de Junts pel Sí. Su decisión ha provocado una fuerte tormenta interna en el PDeCAT, que ha empezado a tomar represalias. La primera es Teresa Pitarch, mano derecha de Germá Gordó en la corriente interna Nova Convergència y que anunció su salida del partido cargando con dureza contra la dirección neoconvergente por no respetar la presunción de inocencia del dirigente nacionalista investigado. El siguiente podría ser Jordi Miró, director general de Atención a la Familia y Comunidad Educativa de la Generalitat, que ayer comunicó su baja del PDECaT «con efectos inmediatos». 

Tensiones en el partido

Las aguas bajas muy revueltas en el PDECaT, cuyo presidente, Artur Mas, sigue sin dar su opinión sobre la salida de Germá Gordó, que fue uno de sus más estrechos colaboradores y uno de los que le ayudó a auparse al poder en Convergència como delfín de Jordi Pujol. La formación nacionalista celebra este fin de semana una convención municipalista, donde Mas podría romper su silencio. La expulsión de Gordó ha dejado al descubierto la pugna que libran los jóvenes mandos del PDECaT, que quieren romper con el pasado convergente, que tiene mochilas muy incómodas de corrupción, como el caso 3 % o el juicio del Palau de la Música. Nova Convergència, por su parte, celebrará el próximo día 17 una asamblea para decidir su futuro, sin descartar que pueda convertirse en un partido político que compita contra el PDECaT.

Puigdemont prepara un acto solemne, pero sin papeles

Los secesionistas pretenden acelerar su desafío a partir de hoy, cuando Carles Puigdemont anuncie la fecha y la pregunta del referendo. Será en un acto solemne, en el Palau de la Generalitat, con el Gobierno catalán en pleno y los 71 diputados de Junts pel Sí y la CUP.

El presidente de la Generalitat no quiso dar ayer demasiadas pistas y se limitó a decir que la pregunta será «clara en la formulación» y tendrá una «respuesta binaria». La opción que podría agradar tanto al PDECaT como a ERC y la CUP sería un enunciado que incluya tanto el concepto de Estado independiente como el de república, es decir, que hable de un «Estado independiente en forma de república». Sobre la fecha, Puigdemont baraja el 1 y el 8 de octubre y ayer ironizó con el primero, cuando recibió al Girona de fútbol, recién ascendido a primera, y sus jugadores le regalaron una camiseta con el dorsal 1. ¿Es esta la fecha?, ironizó. Además, aprovechó el caso del equipo gerundense para hacer un paralelismo: «No hay sueños imposibles», se puede llegar al éxito «haciendo frente a todas las dificultades», dijo.

Además de la fecha y de la pregunta, que no estarán por escrito para evitar la impugnación del Gobierno, podría haber otro anuncio en el discurso que Puigdemont y Junqueras pronunciarán en el Palau de la Generalitat, según dejó caer la consejera de Presidencia, Neus Munté.

Puigdemont desvelará hoy las dos primera incógnitas, pero su proyecto político está lleno de interrogantes, que deberá ir respondiendo en los próximos días. Por ejemplo, cuándo empezará la campaña institucional para llamar a los catalanes a participar en la consulta, cuándo firmará el decreto oficial de convocatoria, cómo conseguirá que la votación sea vinculante y tenga todas las garantías democráticas y, sobre todo, cómo logrará poner las urnas en contra del Gobierno central y de lo que diga el Tribunal Constitucional.