En España seguimos teniendo un grave problema de percepción de lo que debe ser un cargo público. La capacitación profesional para ejercerlo se da por supuesta, aunque haya demasiados ejemplos que nos hacen cuestionar que en muchas ocasiones tal requisito se cumpla. Es lo que tiene una pesada tradición de cooptación en demasiados puestos de la gestión pública. Con el paso del tiempo, parece haberse convertido en hábito el valorar por encima de cualquier otra consideración la cercanía, personal o ideológica. En semejante tesitura es evidente que no se hacen distingos éticos. Hasta que acaba pasando lo que ha pasado en España en estos últimos años. Y lo peor es que aún hay quien no ha aprendido de la deprimente sucesión de escándalos. Como el ministro de Justicia, como el fiscal general, que aún siguen aludiendo a la legalidad de los comportamientos de Moix. Como si eso fuera suficiente. Todo el mundo, salvo quienes quieren tratar como tontos a los demás, saben para qué se tiene una sociedad patrimonial en Panamá y para qué se afecta un chalé a una empresa. Pero aun así. Aun concediendo que no merezca reproche legal alguno, que es algo que en cualquier caso debería determinarse en otras instancias, el asunto de la sociedad panameña sería solo la guinda de una sucesión de sospechosas decisiones que alimentan la sombra de la connivencia entre los encargados de perseguir la corrupción y los perseguidos. Y aunque es cierto que se corre el riesgo de convertir conjeturas en condenas, especialmente por quienes tienen una visión inquisitorial de la política, no es menos verdad que, con la que está cayendo, los primeros interesados en extremar la pulcritud de quienes combaten la corrupción deberían ser quienes tengan verdadero interés en erradicarla. Cualquier otra opción solo dañaría aún más la ya deteriorada imagen de las instituciones. Y ya se sabe que hay que ser honrado, pero también hay que parecerlo.