El futuro de Moix, acosado por la oposición y sus compañeros, en manos de Maza
01 jun 2017 . Actualizado a las 09:23 h.El Gobierno rectificó ayer el extraño respaldo de Mariano Rajoy al fiscal jefe anticorrupción y dejó en manos del fiscal general del Estado el futuro de Manuel Moix ante el escándalo desatado por su sociedad en Panamá. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, fue taxativa al señalar que «el Gobierno habla del Gobierno» y es la Fiscalía la que debe tomar decisiones sobre sus miembros. Moix, entretanto, sopesa presentar su dimisión a José Manuel Maza.
En el Gobierno y en el PP dan por hecho que el jefe de Anticorrupción tiene las horas contadas. Lo que no aciertan a explicar en el partido ni tampoco en círculos gubernamentales es la razón que tuvo Rajoy el martes para brindar su respaldo a Moix como si fuera un miembro del Consejo de Ministros y no un miembro de la Fiscalía, una institución en teoría autónoma del Ejecutivo. Además, el presidente estaba informado de lo que se había publicado sobre su empresa panameña Duchesse Financial Overseas. Ayer, ningún miembro del Gobierno tuvo palabras de apoyo y Sáenz de Santamaría puntualizó que es la Fiscalía del Estado la que decide «los nombramientos y las situaciones administrativas que afectan a los fiscales».
Las explicaciones que ha dado Moix sobre la sociedad patrimonial en la que participa en un 25 % y que es propietaria de la residencia de sus padres en la sierra de Madrid han acabado de convencer al Gobierno de que su continuidad en el cargo es indefendible. Moix dijo en un primer momento que se enteró de la existencia de la sociedad offshore tras la muerte de su padre en el 2011, pero, según informó ayer el diario digital Infolibre, había participado «a principios de los años noventa» en un pleito con la empresa constructora del chalé. La firma Terecon S. A. acusó al padre del hoy jefe anticorrupción de un delito de alzamiento de bienes al negarse a pagar la construcción de la residencia con el argumento de que pertenecía a Duchesse Financial Overseas, y que él solo era el apoderado de esa sociedad creada en diciembre de 1987 y que mes y medio después adquirió el chalé. Moix estuvo presente en la declaración de sus padres ante el juez y conoció por tanto que la firma patrimonial existía.
«Calculé mal»
El fiscal, a la vista de la evolución de los acontecimientos, comenzó a recular en su versión inicial y aunque insistió en que no ha cometido ilegalidad alguna, aceptó que debía haber informado al fiscal general de su participación en la sociedad panameña. «Es indudable que calculé mal», pero no por haber incurrido en ilegalidad alguna, sino por la repercusión de la información, señaló en una entrevista. Moix considera que no tenía la obligación de dar cuenta ni al fiscal general ni a la inspección de la Fiscalía de que tenía el 25 % de la compañía heredada de sus padres porque no tenía actividad alguna. Pero el estatuto fiscal prohíbe a los miembros de la carrera «el ejercicio directo o mediante persona interpuesta de toda actividad mercantil».
Moix ha dejado entrever en sus últimas declaraciones que sabe que su suerte está echada y sus palabras son de un dimisionario. Garantizó que no tiene «apego al cargo» y que no piensa permanecer al frente de Anticorrupción «cueste lo que cueste». Afirmó además que no tiene «ningún interés» en mantenerse si realmente se considera que no es el más «idóneo». Eso sí, se ratificó en que no ha hecho nada fuera de la ley, aunque eludió decir si ve coherente que un responsable de la lucha contra la corrupción sea socio de una compañía offshore. «La estética es un concepto subjetivo», comentó.
Moix tiene previsto reunirse hoy mismo con el fiscal general del Estado para abordar su situación. Pero va a llegar a esa cita muy debilitado, porque a la retirada de apoyo del Gobierno y al rechazo absoluto de la oposición hay que sumar la petición de dimisión formulada por la Asociación de Fiscales, organización mayoritaria en la carrera y cuyos representantes apoyaron primero su nombramiento y después su continuidad en el cargo en la última reunión del Consejo Fiscal. La asociación no cuestiona «la legalidad» de su conducta, pero considera que supone «un menoscabo para la imagen de la carrera fiscal». Y por ello cree que el fiscal jefe anticorrupción «debe poner su cargo a disposición del fiscal general del Estado». Las otras dos organizaciones profesionales de la carrera también han pedido su dimisión.
Los técnicos de Hacienda exigen una investigación
El sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha) también se sumó ayer a las críticas al fiscal jefe anticorrupción, Manuel Moix, tras conocerse que posee junto con sus hermanos una sociedad en Panamá, un país conocido por su baja o nula tributación. De hecho, la organización fue más allá y reclamó en un comunicado la necesidad de realizar una investigación para conocer si la compañía Duchesse Financial Overseas, radicada en el país centroamericano, se utilizó para «eludir el pago de 90.000 euros en impuestos». Desde Gestha recordaron que la empresa es dueña de un chalé en la localidad madrileña de Collado Villalba y creen que la inspección de Hacienda debería hacer aflorar «los verdaderos y últimos propietarios» del inmueble para saber si han declarado dicho patrimonio.
Desde el sindicato apuntaron la posibilidad de que Moix y sus hermanos, que heredaron esa sociedad de su padre en el 2011, pudieron haber vulnerado la Ley del Mercado de Valores al actuar «con supuesto ánimo de elusión del pago del impuesto correspondiente a la transmisión de bienes inmuebles» cuando adquirieron el control de la sociedad panameña. Máxime si el activo de la compañía está formado en al menos un 50 % por propiedades en España. Es decir, desde Gestha sospechan que el fiscal jefe anticorrupción podría haber ocultado la titularidad de ese chalé a través de la sociedad ubicada en Panamá, un país con una fiscalidad opaca.
Asimismo, los técnicos de Hacienda solicitaron a la Agencia Tributaria que explique si detectó alguna irregularidad fiscal en la familia Moix a través de la declaración de bienes y derechos en el extranjero, que obliga a informar al contribuyente de sus activos en el exterior a partir de los 50.000 euros. Hay que tener en cuenta que solo el chalé del que es propietaria la sociedad está valorado en 550.000 euros.