ERC se ausenta de la comparecencia de un colaborador de Artur Mas y la CUP anuncia una querella contra el extesorero de CDC
25 may 2017 . Actualizado a las 08:57 h.Esquerra Republicana y la CUP marcan cada vez más distancias con sus socios del PDCat. La causa, una vez más, son los casos de corrupción que afectan a la antigua Convergència. Días después de un nuevo enfrentamiento en el Gobierno catalán a cuenta del caso Palau entre los dos integrantes de Junts pel Sí, Esquerra se desmarcó ayer de sus socios, a los que dejó solos en la comparecencia de su diputado y exconsejero de Justicia, Germà Gordó, en la Comisión de Asuntos Institucionales de la Cámara catalana, en la que tuvo que defenderse de las acusaciones que le relacionan con el caso 3%.
Gordó, estrecho colaborador de Artur Mas, declaró en el Parlamento catalán y solo le arroparon sus compañeros de partido. Ninguno de los diputados de Esquerra pertenecientes a Junts pel Sí asistió a la comparecencia. Los republicanos volvieron a romper así la unidad en el grupo mayoritario de la Cámara. Ya lo habían hecho la semana anterior, cuando votaron junto a la oposición a favor de que el Ejecutivo catalán acuse a Convergència en el juicio del caso Palau, como al final ha sucedido. El cambio de opinión de la Generalitat en este caso de supuesta financiación ilegal de los convergentes ha tensado las relaciones dentro del Gobierno. Esta tensión irá a más cuando se acerque el final del proceso, cuando los comicios estén a la vuelta de la esquina y se hará irrespirable si Convergència resulta condenada en el juicio del caso Palau y si Gordó es imputado en el caso 3 %. Los investigadores consideran que el exconsejero era el conseguidor de comisiones y el que se reunía con los empresarios.
Guerra sucia
En su comparecencia, Gordó afirmó que siempre ha actuado «de acuerdo al ordenamiento jurídico». Lo expresó hasta en tres ocasiones, una semana después de que el juez de El Vendrell que investiga el caso 3 % reclamara su imputación. «Nunca he estado citado ni como testigo ni como investigado», se defendió, reduciendo todos los casos que le relacionan con presuntas prácticas corruptas a «simples e interesadas filtraciones a la prensa». En el caso 3 %, el juzgado tarraconense está investigando a los extesoreros convergentes Daniel Osàcar, ya procesado en el caso Palau, y Andreu Viloca, además de varios empresarios que se sospecha pagaron mordidas a la formación nacionalista.
Y la CUP aumentó la tensión en el soberanismo al anunciar la presentación de una querella criminal contra Viloca, el ex alto cargo de la Generalitat Josep Antoni Rosell, y un grupo de empresarios por la comisión de varios delitos de financiación irregular de partidos, organización criminal y blanqueo de capitales. Un ataque en toda regla a los convergentes.
Puigdemont intenta presionar al fiscal general para que no insista en la vía judicial
Dos días después de la conferencia en Madrid, Carles Puigdemont formalizó ayer la petición de una mesa de diálogo al Gobierno central para negociar los términos del referendo, previsto para el 1 de octubre. «Ha llegado el momento imprescindible para que los dos gobiernos se puedan sentar en la mesa a dialogar», apremió Puigdemont a Rajoy, en la carta que el Palau de la Generalitat envió ayer a la Moncloa. Una misiva que no surtirá efecto alguno por la cerrada negativa del jefe del Ejecutivo central a negociar nada relacionado con la consulta o la independencia.
El presidente catalán, que conoce de sobra este rechazo, quiere utilizarlo para justificar posteriores pasos unilaterales. Muestra, como ya hizo en la alocución en la capital de España, su «máxima voluntad de buscar una solución política pactada y acordada que dé respuesta a la demanda de la ciudadanía de poder decidir su futuro». El Gobierno catalán tiene prisa porque al proceso solo le quedan cuatro meses, según los plazos automarcados por los secesionistas. Sin embargo, la consejera de la Presidencia evitó el martes fijar plazos para la respuesta que exige de Rajoy, que será un seguro rechazo a negociar una consulta. Negativa que supondrá el fin de la vía del acuerdo y la puesta en marcha del plan B, la consulta a las bravas. «Quedamos a la espera de su respuesta para empezar este diálogo tan pronto como sea posible», concluye la misiva.
Ademas de la actividad epistolar, Puigdemont recibió ayer en su despacho al fiscal general del Estado, José Manuel Maza, con el que se reunió durante hora y medio. Una conversación en la que reprochó a su interlocutor la judicialización de un proceso soberanista que, a su entender, tiene cauces políticos. El presidente catalán trasladó a su interlocutor, según fuentes de la Generalitat, que «insistir en la vía judicial para resolver una cuestión de naturaleza política» como el proceso «es sin duda un error».
Maza, que salió del Palau de la Generalitat sin hacer declaraciones, replicó a Puigdemont, según un comunicado facilitado por el ministerio público, «la obligación que incumbe a la Fiscalía de cumplir las funciones que la ley le encomienda». El independentismo carga casi a diario contra la Fiscalía, a la que acusa de ser el brazo ejecutor del Gobierno contra el proceso.
El encuentro entre Puigdemont y Maza se produjo cuando hay varias querellas en marcha contra el secesionismo. Según la Fiscalía, «dado el carácter institucional de la visita, no se consideró oportuno tratar aquellos temas que se encuentran judicializados». Aun así, desde el Ejecutivo catalán señalaron que se ha abordado «todo lo que tiene que ver con las relaciones con la Fiscalía, además de comentar el momento político».
Los independentistas quieren habilitar el Parlamento en agosto
El grupo parlamentario de Junts pel Sí presentó una enmienda a la propuesta de modificación del reglamento del Parlamento de Cataluña para habilitar la segunda quincena de agosto en la Cámara, en plenos preparativos del referendo previsto por la Generalitat como muy tarde para principios de otoño. Este nuevo esquema permitiría, eventualmente, no tener que esperar al 1 de septiembre para tramitar las iniciativas parlamentarias encaminadas a llevar a cabo la consulta que el Gobierno de JxSí se comprometió a convocar tras el verano.