Rajoy y Catalá cierran filas con el fiscal Anticorrupción, Manuel Moix, mientras el PSOE promueve que el Congreso vote la próxima semana la reprobación del ministro de Justicia
11 may 2017 . Actualizado a las 05:00 h.La oposición lanzó ayer una gran ofensiva parlamentaria para acorralar al Gobierno a cuenta de la corrupción y de sus supuestas injerencias para dificultar las investigaciones de la operación Lezo a través de la Fiscalía y mediante chivatazos. Mariano Rajoy tuvo que responder dos preguntas en la sesión de control en su primera comparecencia en la Cámara baja desde que estalló el escándalo que llevó a la cárcel al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González e hizo dimitir de su último cargo a Esperanza Aguirre. Frente a los ataques continuos, la respuesta del Gobierno fue un muro, que consistió en negar o soslayar las acusaciones y rechazar las peticiones de dimisión del ministro de Justicia, Rafael Catalá, el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, y el fiscal anticorrupción, Manuel Moix, a quien Rajoy y Catalá defendieron de forma contundente. Hasta siete preguntas y una interpelación tuvo que contestar el Ejecutivo sobre la misma cuestión, a las que se sumaron las comparecencias de Catalá, Nieto y Maza en sendas comisiones.
Está acorralado
Tanto el portavoz socialista, Antonio Hernando, como el líder de Unidos Podemos, Pablo Iglesias, emplearon un tono muy duro con Rajoy. El primero le exigió que cese a Maza y a Catalá y le espetó que está «acorralado por los casos de corrupción de su partido». «Ustedes no son vistos como luchadores contra la corrupción, sino como cómplices. ¿No se da cuenta del daño que está haciendo a España tener un presidente del Gobierno a merced de los tribunales por casos de corrupción?», señaló. Rajoy insinuó que la dureza de su discurso le venía impuesta por la dirección de su partido. «Probablemente usted tenga algún problema interno que le aconseje hacer una intervención como la que ha hecho», afirmó.
«Todos los ciudadanos españoles han visto que el señor Moix se ha dedicado a impedir su trabajo a los fiscales anticorrupción», aseguró Iglesias. Destacó varias de sus actuaciones, como oponerse a un registro en el marco de la operación Lezo, el relevo de los fiscales que llevan el caso del 3 % contra la antigua Convergència o sus sugerencias sobre estudiar la posibilidad de sancionar la publicación de sumarios declarados secretos. El presidente hizo una defensa a ultranza de Moix, que «actúa con total independencia y con plena personalidad y creo que está funcionando muy bien la Fiscalía Anticorrupción». Y acusó a Iglesias de ser él quien quiere controlar a los jueces y a los fiscales, recordándole que pidió que algunos puestos claves fueran ocupados por «personas capaces, con diferentes sensibilidades políticas, pero comprometidas con el programa del Gobierno del cambio».
Ni consistentes ni convincentes
El PSOE denunció por boca de su diputado Artemi Rallo «una estrategia urdida entre Moncloa y Génova e inspirada por Rajoy para garantizar la impunidad del PP». Pero los socialistas centraron su ofensiva en Catalá y anunciaron que pedirán su reprobación para que se vote la semana que viene. El ministro negó que existiera «compadreo o amistad» con González y dejó claro que no piensa dimitir mientras siga contando con la confianza de Rajoy. También Ciudadanos puso en duda su continuidad si no ofrece explicaciones sobre si filtró información al expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez y a González. «Sus explicaciones no son consistentes ni convincentes», dijo su portavoz, José Manuel Villegas, que le consideró un «obstáculo para alcanzar acuerdos y consensos». «Yo doy todas las explicaciones que me soliciten, pero, primero, de lo que conozco y, segundo, de mis actos», respondió Catalá.
El ministro del Interior, José Ignacio Zoido, también fue cuestionado por la reunión que mantuvo el secretario de Estado de Seguridad con Pablo González, hermano del expresidente madrileño tras saber que estaba siendo investigado. Aseguró que el escrito de Anticorrupción que alude a un presunto chivatazo a Ignacio González no cambia nada y volvió a defender a su segundo, quien, dijo, ha dado explicaciones «suficientes, exhaustivas y razonables».
Nieto rechaza dimitir porque no tiene nada de qué arrepentirse
«Tengo la tranquilidad de que sé lo que ocurrió en esa reunión y no hay nada de lo que tenga que arrepentirme». De esta forma, el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, dejó claro que no está dispuesto a dimitir por su encuentro con el hermano del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González tras saber que estaba siendo investigado, que, dijo, ha sido «tergiversado y manoseado» y del que «nada se ha ocultado». El número dos de Interior compareció en la comisión correspondiente del Congreso el día después de que los fiscales de la operación Lezo hablaran en un escrito de una «presunta investigación chivada del secretario de Estado de Seguridad», lo que llevó a Nieto enviar un documento a Anticorrupción para que le aclarara si estaba siendo investigado. El portavoz socialista, Antonio Trevín, le exigió que dimita por lo que calificó como «intolerable» interferencia en la Fiscalía, ya que «debe saber que solo las partes personadas o el juez de instrucción pueden pedirlas». «Lo que debía haber hecho el ciudadano Nieto, como cualquier otro que se pudiera sentir aludido, era personarse en la causa penal y pedir aclaraciones», afirmó. A esa petición de dimisión se sumaron Ione Belarra, de Podemos, y Gabriel Rufián, de ERC, que le instaron a asumir su responsabilidad y decir «la verdad» rompiendo la «ley del silencio» que impera en el PP.
Catalá niega que interfiera en las investigaciones y defiende a Moix
«Este ministro ni ha interferido ni interferirá nunca en una investigación judicial, y quien diga lo contrario miente. Miente intencionadamente, miente con mala fe y miente con una saña, un rencor y una crueldad injustificable en ningún ámbito de la vida, ni siquiera en el de la política». Rafael Catalá se defendió así de las acusaciones de la oposición de connivencia con Ignacio González por el mensaje que le envió en el que decía «ojalá se cierren pronto los líos». El ministro negó que el Gobierno dé indicaciones a la Fiscalía. «No hay quien levante un teléfono para decirle a un fiscal lo que tiene que hacer, actúa con absoluta autonomía», señaló. Y defendió la labor de Manuel Moix, que desarrolla «en el más estricto cumplimiento de su estatuto orgánico». Sostuvo que, en relación a la operación Lezo, «en ningún momento, jamás se ha intentado paralizar ninguna investigación» y destacó que «todas las medidas solicitadas por los fiscales del caso fueron practicadas», ya fueran registros o detenciones. Sus explicaciones no convencieron a los demás grupos. Los socialistas pidieron su dimisión porque su Gobierno «está metido en las altas cocinas de la Fiscalía para evitar las causas que le perjudican», según su portavoz Juan Carlos Campo. Pablo Iglesias le formuló siete preguntas concretas tras exponer la «percepción de que el Gobierno está protegiendo a corruptos».