Anulado el archivo de un caso que abría la puerta a sobreseer el de las ayudas de los ERE

C. C. SEVILLA / COLPISA

ESPAÑA

 El expresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves (d), a su llegada  al juzgado de instrucción 6 de Sevilla para prestar declaración ante el juez Álvaro Martín por el caso de los ERE
El expresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves (d), a su llegada al juzgado de instrucción 6 de Sevilla para prestar declaración ante el juez Álvaro Martín por el caso de los ERE José Manuel Vidal

La Audiencia de Sevilla ha decidido reabrir una pieza sobre una ayuda de 1,3 millones de euros a Azucareras Reunidas de Jaén

29 abr 2017 . Actualizado a las 05:00 h.

Nuevo giro en la causa de los ERE fraudulentos pagados por la Junta de Andalucía. La Audiencia de Sevilla ha decidido reabrir una pieza sobre una ayuda de 1,3 millones de euros a Azucareras Reunidas de Jaén que la jueza María Núñez Bolaños archivó al entender que no existía delito. Su decisión provocó malestar en la Fiscalía, que entendía que el archivo era precipitado. El archivo de Bolaños tenía una fuerte carga judicial, por cuanto era el primero que no se debía a la prescripción de los supuestos delitos y, antes al contrario, entraba en el fondo de los hechos investigados mediante. Y abría por tanto la puerta al archivo masivo de las ayudas en las que no existieron intrusos que, en su momento, su antecesora Mercedes Alaya tildó de ilegales por concederse con un procedimiento inadecuado.

Ahora, tras la petición de Anticorrupción y la acusación popular que ejerce el PP, la Audiencia insta al juzgado a «proseguir» una investigación «apenas iniciada al decretarse el sobreseimiento» y entiende que hay «apariencia delictiva». La sala carga contra el sistema empleado en las ayudas. «No dejaría de ser un eufemismo hablar de mero procedimiento inadecuado o tramitación irregular», apunta el auto, porque «no hubo nada que pudiera parecerse siquiera a un amago de procedimiento». Y habla el texto de que la documentación que aparece en el expediente para la ayuda está «incompleta, fragmentada» y carece del «mínimo rigor exigible en la gestión de fondos públicos».