La Generalitat amenaza con sanciones a funcionarios en su desafío secesionista
ESPAÑA
Los Mossos replican que los policías están obligados a cumplir la Constitución
26 abr 2017 . Actualizado a las 05:00 h.El proceso soberanista catalán se adentró ayer en un terreno pantanoso y muy sensible, el que afecta a los funcionarios de la Generalitat catalana. Una vez más, la difusión de un vídeo dejó al descubierto los planes secretos del secesionismo. Las imágenes hacían referencia a dos actos -uno de Omnium Cultural y otro de la ANC- en los que el diputado nacionalista Lluís Llach advierte a los empleados públicos de que el que no cumpla la ley de transitoriedad jurídica será sancionado. «Se lo tendrán que pensar muy bien. No digo que sea fácil, al revés, muchos de ellos sufrirán. Porque dentro de los Mossos hay sectores que son muy contrarios» a la independencia, señala Llach.
El otrora cantautor anticipa una situación muy delicada para los funcionarios, porque podrían verse en la tesitura de tener que elegir entre si acatan la ley de la desconexión que el Parlamento catalán aprobará a finales de julio u obedecen a la legislación española. La Generalitat pretende hacer servir la ley de transitoriedad jurídica para dar amparo legal a la convocatoria del referendo. Así, por ejemplo, llegado el caso, el aviso que lanzó Llach podría poner a un agente de la Policía catalana o a un funcionario de la Consejería de Educación ante el dilema de verse obligado, el día del referendo, a abrir un colegio electoral precintado por orden judicial. «Y si no obedezco la ley catalana, ¿qué pasará?», planteaba Llach en el acto de Omnium. La respuesta es clara, una sanción.
La Generalitat evitó ayer desautorizar a Llach. La consejera de la Presidencia, Neus Munté, se limitó a decir que «no es oportuno» hablar sobre estas cuestiones en estos momentos. Una respuesta muy tibia, pues aunque no suscribió las sanciones, tampoco las negó, y aseguró a modo de aviso para navegantes que los funcionarios «están obligados a cumplir las leyes vigentes en cada momento».
Matices
«Una obviedad», según Junts pel Sí, aunque fue el propio diputado independentista Roger Torrent quien dejó dudas en el aire, ya que dio a entender que cuando la Cámara catalana apruebe la ley de transitoriedad podría haber dos legalidades vigentes -la estatal y la catalana-, lo que comprometería a los funcionarios a elegir.
La posición de los secesionistas, en cualquier caso, admite matices, y los puso el propio parlamentario de Junts pel Sí cuando dejó entrever que las sanciones de las que hablaba Llach solo se contemplarían en caso de que el sí ganara el referendo y en consecuencia la ciudadanía validara las leyes de la desconexión. Una tesis que defendió en su día la CUP, que abogó por una especie de declaración de independencia en diferido. En esta línea, el Gobierno catalán habló de que habrá una «transición» segura entre la legalidad española y la catalana y se comprometió a proteger a los funcionarios.
Quienes no lo ven claro y recibieron con preocupación los planes de los independentistas fueron los sindicatos. Fepol, el mayoritario en los Mossos d’Esquadra, recordó al Gobierno catalán que la ley de policía de Cataluña obliga a todos los agentes a respetar la Constitución y el Estatuto y que los agentes no podrían obedecer una orden «manifiestamente ilegal». «El choque de legalidades no existe. Es una invención política sin fundamento», dijo este sindicato. En la misma línea, USPAC precisó que si la ley de transitoriedad queda suspendida por el Constitucional, «no estará en vigor» y por lo tanto no la podrán aplicar. Los sindicatos UGT y CC.OO. de la función pública reclamaron a la Generalitat respeto a sus empleados y garantías si se lleva a cabo el proceso de desconexión.
Forcadell declarará como investigada por permitir que se votasen mociones soberanistas
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) citó como investigados a la presidenta del Parlamento, Carme Forcadell, a tres miembros de la Mesa de Junts pel Sí y a Joan Josep Nuet, de Catalunya Sí Que Es Pot, a quien la Fiscalía no acusaba, por permitir votar resoluciones a favor de un referendo independentista. En un auto, la magistrada del TSJC Maria Eugènia Alegret acordó esas citaciones, a raíz de la querella de la Fiscalía que acusa a Forcadell y a los miembros de la Mesa de JxS de desobedecer al Tribunal Constitucional al permitir que el Parlamento votara dos resoluciones a favor de un cita soberanista. Alegret fijó para el próximo 8 de mayo las comparecencias de Forcadell y de Anna Simó (ERC); para el 12 de mayo las de Lluís Corominas y Ramona Barrufet, ambos de PDECat, y la de Nuet para el 23 de mayo, día en que le comunicará su situación de investigado.
Tras conocer el auto judicial, Forcadell advirtió de que no cambiará de actitud y piensa «continuar» como hasta ahora, «favoreciendo el debate y no coartarlo, porque la palabra debe ser libre» en la Cámara catalana, según su interpretación. La presidenta del Parlamento recibió el apoyo del Ejecutivo de la Generalitat y de entidades independentistas. La consejera de Presidencia y portavoz, Neus Munté defendió la libertad del Parlamento para realizar debates sobre el independentismo. La ANC, Òmnium y la Associació de Municipis per la Independència advirtieron al Estado de que la persecución en los juzgados que consideran que se está llevando a cabo contra representantes de la ciudadanía catalana por el proceso independentista «no hace más que aumentar la base social a favor del referendo».