La cacelorada no fue comunicada a la Delegación del Gobierno de Madrid, por lo que los asistentes podrían ser multados por la Policía
25 abr 2017 . Actualizado a las 21:35 h.Alrededor de medio millar de personas se han concentrado frente a la sede nacional del Partido Popular, en la madrileña calle Génova, donde participan en una cacerolada contra los casos de corrupción vinculados al partido que preside Mariano Rajoy, como la operación Lezo destapada la semana pasada y que ha llevado a prisión al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González.
Al grito de «ladrones» y con pancartas con lemas como «fuera» o «tu botín, mi crisis», la ruidosa protesta, donde muchos asistentes golpean sartenes y cazos, se produce en la acera de los números pares de la citada calle madrileña, a pocos metros de la sede del PP, vallada y custodiada por agentes de la Policía Nacional. A las 20 horas, cuando estaba convocada la protesta, el tráfico seguía abierto en la calle Génova, donde también hay desplegados efectivos de la Policía Municipal de Madrid que dirigen la circulación. Entre los congregados se encontraba la concejal madrileña de Ahora Madrid Montserrat Galcerán, el diputado de En Marea en el Congreso, Antón Gómez Reino, o el diputado autonómico de Podemos Hugo Martínez Abarca.
Bajo el lema «Que se disuelvan y entreguen la pasta. El PP no es un partido, es una banda», la convocotaria comenzó a difundirse este pasado martes a través de las redes sociales, contando con el apoyo de dirigentes de Podemos e Izquierda Unida. La cacelorada no tiene organizador conocido, y tampoco ha sido comunicada a la Delegación del Gobierno de Madrid, por lo que los asistentes podrían ser multados por la Policía.
La sanción administrativa por acudir a este tipo de concentraciones no autorizadas, siempre y cuando superen los 20 participantes, suele ser de unos 600 euros. Según han indicado fuentes de la Delegación del Gobierno, en este caso, como en los similares, los agentes procederán a la filiación de los manifestantes, que pasarán la respectiva propuesta a la Delegación.
Además, la reformada Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza abre la mano a sanciones más importantes dependiendo lo que ocurra. Así, sería una infracción grave, sancionada entre 600 y 30.000 euros la negativa a la disolución de reuniones y manifestaciones en lugares de tránsito público ordenada por la autoridad competente cuando concurran supuestos como la falta de comunicación a la Delegación del Gobierno, como este es el caso.
En el 2013, cuando estalló el caso Bárcenas y salieron a la luz los supuestos sobresueldos en la cúpula del partido, las redes sociales de internet también fueron utilizadas para convocar protestas similares frente a la sede del PP. En aquellas ocasiones, con Cristina Cifuentes al frente de la Delegación del Gobierno de Madrid, un amplio dispositivo cortó al tráfico y restringió el acceso en toda la calle Génova y aledaños para impedir que los manifestantes se aproximaran al número 13 donde los populares tienen su sede nacional.