La operación investiga actuaciones irregulares relacionadas con el negocio que se refieren tanto a su procedencia como al tratamiento del producto
07 abr 2017 . Actualizado a las 15:10 h.La Guardia Civil ha desarrollado, en coordinación con el Juzgado de instrucción 4 de Ponferrada, una operación en varias provincias españolas para desmantelar una red que comerciaba con carne de caballo, han informado fuentes del Instituto Armado.
La investigación la está desarrollando la Unidad Central Operativa Medio Ambiental del Seprona de la Guardia Civil, que sospecha de una red que comercializaba con carne de caballo sin los controles sanitarias pertinentes. Se están practicando detenciones.
La operación, que se mantiene abierta, comenzó el pasado martes en Palencia y León, según han confirmado fuentes de la Guardia Civil. Se investigan actuaciones irregulares relacionadas con el negocio de la carne de caballo que se refieren tanto a su procedencia como al tratamiento que se le da al producto.
La OCU pide su retirada
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha exigido que se informe del destino de la carne de caballo ilegal relacionada con la detención, y que se retiren todos los productos que pudieran haber llegado al mercado, tanto en España como en otros países de Europa.
La OCU ha instado a la Agencia española de Consumo, Seguridad alimentaria y Nutrición (Aecosan) y a las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas a que de «forma inmediata» informen sobre el alcance del fraude descubierto por la Guardia Civil y que implica a casi una veintena de personas en diez provincias de siete comunidades autónomas.
«El centro de la trama se encuentra en España, donde se sacrificaban caballos de forma ilegal para introducirlos en la cadena de alimentación sin cumplir los requisitos de salud pública», ha explicado la OCU, que ha asegurado que se trata de un fraude «idéntico» al que esta Organización denunció en el 2013. Entonces un análisis detectó la presencia de carne de caballo en productos de vacuno.
Además, la OCU ha pedido que «se extremen los controles para detectar este tipo de fraudes», ya que en su opinión se trata de controles que «claramente se muestran insuficientes a la vista de la repetición en pocos años de fraudes similares».