El Gobierno opta por sosegar el debate con los soberanistas

Nuria Vega MADRID / COLPISA

ESPAÑA

Tarek | Efe

Rajoy responde a Homs que el suyo no es un juicio político, pero evita las duras críticas de otros partidos al diputado catalán

28 feb 2017 . Actualizado a las 05:00 h.

Ni «juicio político», como denuncia Francesc Homs, ni crisis institucional. Mariano Rajoy enmarcó ayer la vista oral al exconsejero de Cataluña por la consulta del 9N en el funcionamiento habitual del Estado de derecho y confió en que la «normalidad» guíe el proceso judicial en el Tribunal Supremo. «El señor Homs está sometido a la ley como lo estamos los 46 millones de españoles», simplificó el presidente del Gobierno.

Existe un interés en el Ejecutivo por sosegar el debate catalán y no alimentar lo que el PP considera «victimismo» de las fuerzas independentistas. Días después de que, el 11 de enero, Rajoy y Carles Puigdemont constataran en privado la imposibilidad del entendimiento entre ambos, el Gobierno llegó incluso a contemplar «medidas coercitivas» para impedir la hoja de ruta soberanista en Cataluña. Ahora, sin embargo, el PP trata de retornar a la calma.

Así se puso de manifiesto en la reunión de dirección del partido que Rajoy presidió ayer. «Observamos una cierta escalada verbal de los partidos independentistas catalanes y no vamos a caer en esa trampa», resumió el coordinador general, Fernando Martínez-Maillo, tras el encuentro.

Tan solo 24 horas antes, Homs había advertido sobre «el fin del Estado español» en caso de que el Supremo llegue a dictar condenas por la consulta del 9N. La reflexión dividió a la clase política. Mientras Podemos mantuvo su respaldo al dirigente catalán, el portavoz de la gestora del PSOE, Mario Jiménez, reclamó poner fin a «esos mensajes por los cuales algunos, invocando no se sabe qué derecho, intentan situarse por encima de la ley». Del mismo modo, la representante de Ciudadanos, Inés Arrimadas, censuró la «sensación de impunidad» que se desprende de la declaraciones de la cúpula de la antigua Convergència. En esta línea, pero de forma aún más dura, se manifiesta el expresidente José María Aznar en una entrevista en la que advierte que «Cataluña ya está fracturada», por lo que reclama la aplicación estricta del Estado de derecho para evitar que suceda «lo peor, que es que la ilegalidad acabe siendo la norma».

Pero el vaticinio del exconsejero de Cataluña tan solo motivó por parte de Rajoy una llamada a acatar las resoluciones judiciales, que, tal y como admitió, a él mismo le pueden parecer «más acertadas o menos». «Son cosas que ha dicho el señor Homs probablemente sin pensar demasiado», relativizó el jefe del Ejecutivo. En la Moncloa se resisten así a admitir el fracaso de su «operación diálogo».