Malestar en ERC y en la CUP con sus socios, que intentan excusarse atancando al Gobierno central
03 feb 2017 . Actualizado a las 05:00 h.La antigua Convergència, refundada en el PDECat, tiró ayer de manual y trató de quitarse de encima la sombra de la corrupción y del 3 %, atacando al Gobierno central, al que acusó de querer combatir el proceso soberanista a través de operaciones policiales.
«Lo que pasa no es casual. Nos pasa continuamente. Le pasó a Artur Mas antes de unas elecciones catalanas, me pasó a mí en unas elecciones municipales, y nos pasa ahora cuando el lunes un conjunto de personas tienen que ir a declarar», afirmó el exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, que habló de «persecución política». El mandato de Trias está en el ojo del huracán tras la detención de su mano derecha, Antoni Vives, teniente de alcalde y concejal de Urbanismo en la época de CiU. En la misma línea, uno de los históricos del otrora nacionalismo moderado, Jacint Borràs, atribuyó la operación policial al inicio del juicio contra Artur Mas, el lunes que viene. «Es una operación programada para desmovilizar a los catalanes que quieren dar su apoyo a Mas. Me extraña que el Estado haya esperado tanto», dijo.
Desde el independentismo, en todo caso, no todos los sectores estaban de acuerdo en que la operación policial fuera una represalia del Estado central contra la exConvergència y algunas voces representativas se mostraron muy críticas con los dirigentes de la exCDC. El vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, máximo responsable de ERC, reclamó sin referirse a nadie que «todo el mundo se explique con la máxima claridad posible» y que «todo el mundo luche contra la corrupción». No dio nombres, pero la alusión a sus socios era directa, aunque también cargó contra el PP porque a su juicio hace «uso partidista» de la persecución de los casos de financiación irregular. «Somos los primeros interesados en luchar contra la corrupción, nos tendrán como firmes aliados en esta lucha contra la corrupción y nos gustaría que la misma diligencia se aplicase en todos los ámbitos», apostilló.
La CUP sí que marcó distancias de mano explícita, fue dura con sus aliados, habló de «corrupCiU» y aseguró que los casos que afectan a la exCDC suponen una «bofetada» en toda regla al proceso soberanista, que debería ser «impecable», según los anticapitalistas.
En la oposición no desaprovecharon la ocasión para cargar con dureza contra los nacionalistas. Ciudadanos, PSC, Catalunya sí que es Pot y el PP reclamaron explicaciones inmediatas al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, pues consideran que es representante de un partido que es «heredero» de la antigua Convergència.