El presidente del Puerto de Barcelona y dos políticos de CDC detenidos por financiación irregular
ESPAÑA
La operación policial se centra en la licitación pública de contratos amañados con tres empresas, que como contraprestación realizaban donaciones a fundaciones satélite del partido catalán
02 feb 2017 . Actualizado a las 20:07 h.La investigación del caso del 3%, sobre el presunto pago de comisiones a CDC, ha puesto ahora bajo sospecha la adjudicación de obra pública por el gobierno municipal de Xavier Trias en Barcelona, tras una operación en la que han sido detenidas 18 personas, entre ellas tres cargos del partido y el presidente del Puerto, Sixte Cambra.
En la cuarta fase del llamado caso del 3%, la Guardia Civil ha detenido al tesorero de Convergència Andreu Viloca, el exteniente de alcalde de Barcelona Antoni Vives -uno de los principales colaboradores de Trias y que también está imputado en otra causa por contrataciones ilegales cuando gestionaba Barcelona Regional-, y el antiguo responsable de los servicios jurídicos de CDC Francesc Sánchez.
La Fiscalía Anticorrupción considera que Viloca -que estuvo tres semanas en prisión en 2015 tras ser detenido en una fase previa de este caso- desarrollaba un papel clave en el control del pago de comisiones de empresas a cambio de adjudicaciones de obra pública de administraciones en poder de Convergencia, en concursos que, pese a aparentar legalidad, se otorgaban previamente a medida.
El núcleo de la operación de este jueves, que deriva de la documentación incautada en la fundación Catdem y en el despacho de Viloca en 2015, se sitúa en los contratos de obra pública adjudicados durante la etapa de Xavier Trias (CiU) al frente del Ayuntamiento de Barcelona (2011-2015), especialmente en las obras del túnel de la plaza de las Glòries, concedida tan solo tres meses antes de que CiU perdiera el poder en la capital catalana.
Además del túnel de Glòries, los agentes también han solicitado al consistorio los expedientes de la reforma de la Avenida Paralelo, del carril bici entre Bac de Roda y Felip-II, del mirador del pasaje de la Carretera de les Aigües y de las obras de rehabilitación en la calle Luca.
En el marco de esta investigación, la Guardia Civil ha detenido también al gerente municipal durante la etapa de Trias, Constantí Serrallonga, actualmente director general de Fira de Barcelona, y a dos responsables de la empresa municipal Barcelona d'Infraestructures Municipals (BIMSA), su director general Ángel S.R. y su director de obra civil, Ernesto Edmundo S.F..
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau (BComú), ha abierto una investigación interna para recopilar toda la documentación sobre la empresa municipal BIMSA y las obras que contrató el consistorio durante la etapa de Xavier Trias.
En la operación de este jueves también ha sido detenido el presidente del Puerto de Barcelona, Sixte Cambra, un empresario del círculo personas más próximo al expresidente catalán Artur Mas, y se ha registrado su despacho en búsqueda de expedientes sobre la contratación de dos obras: la ampliación del muelle sur y del dique este.
Ambos proyectos fueron adjudicados a Comsa, cuyo máximo responsable, José M.M., también ha sido arrestado durante unas horas mientras se registraba su despacho profesional.
Precisamente, en un proceso paralelo, la Fiscalía pide penas de siete años de cárcel para nueve directivos de constructoras acusados de estafar 29 millones de euros al Puerto de Barcelona inflando las facturas para la construcción del Dique Este, mediante falsas compras de material de calidad superior al finalmente utilizado.
El juez indaga en esta nueva fase de la investigación si empresas públicas como Bimsa, la Autoridad Portuaria de Barcelona e Infraestrucutras.cat -la principal responsable de la contratación pública de la Generalitat-, adjudicaban obras a constructoras o UTE que, a cambio, pagaban comisiones del 3% a las Fundaciones Fórum o CatDem, afines a CDC (actual PDeCAT), partido al que supuestamente se acababa desviando el dinero.
Entre los empresarios que han sido detenidos -la mayoría han quedado en libertad tras registrar sus despachos-, figuran tres responsables de la constructora Oproler: su director de contratación José María Z.P., su exdirector de contratación Pedro Javier L.V., y su delegado en Cataluña, Josep Maria Bassols.
Bassols, que ya fue detenido en 2015 en una operación anterior del caso del 3%, es esposo de Núria Bassols, la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) a quien Artur Mas fichó como comisionada de Transparencia de la Generalitat, semanas después de que archivara el caso Adigsa de presunta corrupción para el exdiputado de CiU y ex secretario general de Territorio de la Generalitat Ferran Falcó.
Otro de los detenidos es el ex director general de Infraestructuras.cat Josep Antoni Rosell, que ya fue arrestado también en una fase previa por este caso -lo que le valió su destitución-, así como el directivo de Copisa Francesc Xavier T., que está imputado por la Audiencia Nacional por un supuesto pago de comisiones a Jordi Pujol Ferrusola.
Si bien la mayoría de los 18 detenidos han quedado en libertad tras el registro practicado en sus despachos o viviendas, al menos cinco de ellos han sido trasladados a la comandancia de la Guardia Civil en Tarragona y está previsto que en las próximas horas pasen a disposición del juzgado de instrucción número 1 de El Vendrell (Tarragona), que mantiene el caso bajo secreto de sumario.
Zoido niega relación con el acelerón soberanista
El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha descartado hoy, en declaraciones a la Cadena SER que la operación Pikasea una respuesta a un acelerón del proceso soberanista, tras los anuncios de puesta en marcha de la hacienda propia catalana y las declaraciones de miembros de la Generalitat de que el referéndum soberanista podría incluso adelantarse.
El momento en el que se desencadenan las operaciones no depende muchas veces de la Guardia Civil o la Policía, ha subrayado el ministro, quien ha recordado que las detenciones y los registros se están practicando por orden de la autoridad judicial, en concreto del juzgado de instrucción número uno del Vendrell (Tarragona).
En este caso, Zoido ha subrayado que es la cuarta vez que se realiza una operación de estas características en el caso de la supuesta financiación irregular de CDC y ha dicho que «no ha sido a instancias de la Guardia Civil, sino de la propia autoridad judicial».