Su testimonio era una estrategia de la defensa de los tres procesados, Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau
12 ene 2017 . Actualizado a las 05:00 h.El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el ministro de Justicia, Rafael Catalá, no tendrán que declarar como testigos en el juicio por el 9N contra Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau, que comienza el 6 de febrero. El testimonio de Rajoy y Catalá era una petición de la defensa de los tres procesados, pero la sala del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que los juzgará decidió ayer que «no es pertinente» su comparecencia. Los abogados de Mas habían solicitado la declaración de Rajoy para que aclarara por qué afirmó que el 9N «no es un referendo, ni una consulta ni tiene efecto jurídico» y por qué razón en un primer momento restó toda la trascendencia al sucedáneo de consulta. El ministro de Justicia, por su parte, aseguró que el Gobierno permitiría «celebrar el proceso de participación si este es un ejercicio ciudadano de libertad de expresión» y calificó el 9N de «jornada de propaganda política carente de validez».
Los abogados de Mas y sus dos excolaboradoras sostienen que el Gobierno central consintió, de manera pasiva, la votación ya que la Abogacía del Estado no instó a la ejecución de la orden de suspensión que el Constitucional dictó el 4 de noviembre del 2014. Para el juez, en cambio, esas declaraciones son «absolutamente ajenas» a los hechos que se juzgan y de hecho las ha rechazado como pruebas documentales. Quien sí tendrá que testificar es Francesc Homs, diputado del PDECAT en el Congreso e imputado por la misma causa del 9N en el Tribunal Supremo y para quien el fiscal pide nueve años de inhabilitación.
Mas, Ortega y Rigau serán juzgados por los delitos de desobediencia y prevaricación, y se enfrentan a penas de entre 10 y 8 años de inhabilitación. Se les acusa de no haber acatado la suspensión de la consulta del 9N decretada por el Constitucional el 4 de noviembre del 2014. Los abogados de Mas, Ortega y Rigau niegan la desobediencia, con el argumento de que no recibieron ningún requerimiento expreso. Además alegan que la organización de la votación corrió a cargo de un ejército de voluntarios. En cualquier caso, Artur Mas ya ha dado por hecho que será inhabilitado y el independentismo aprovechará la celebración del juicio para volver a hacer una exhibición de capacidad de movilización en la calle.