El fiscal pide para Homs nueve años de inhabilitación por impulsar el 9N
ESPAÑA
El ministerio público acusa al diputado del PDECat de prevaricación y desobediencia
12 ene 2017 . Actualizado a las 05:00 h.El diputado Francesc Homs, portavoz en el Congreso del Partido Democrático Europeo Catalán (PDECat), se enfrenta a nueve años de inhabilitación por presunta prevaricación y desobediencia grave al «impulsar activamente» el «proceso participativo» celebrado el 9 de noviembre del 2014 en Cataluña, que fue anulado por el Tribunal Constitucional por traspasar los límites de su competencia y vulnerar el «orden constitucional» vigente.
La Fiscalía del Tribunal Supremo presentó ayer su escrito de conclusiones provisionales en el que se solicita la apertura de juicio oral para Homs, de 57 años, por su gestión en la etapa en la que era Consejero de Presidencia y portavoz de la Generalitat bajo la presidencia de Artur Mas, que será juzgado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por estos mismos hechos a partir del próximo 6 de febrero. Junto a él se sentarán en el banquillo la exvicepresidenta Joana Ortega y la exconsejera de Educación Irene Rigau.
Mas se enfrenta a diez años de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos electivos, mientras que a sus compañeras les piden nueve años de suspensión como «cooperadoras» de los delitos de prevaricación y desobediencia grave por la consulta del 9N. En el caso de Homs será juzgado por la Sala Segunda (de lo Penal) del Supremo porque es diputado nacional y, por lo tanto, aforado. Con respecto al portavoz parlamentario de PDECat, el fiscal del alto tribunal reclama una pena conjunta para ambos delitos y, de forma alternativa, si el tribunal optara por castigar los ilícitos penales por separado solicita que se le imponga siete años y seis meses por prevaricación y una multa de cinco meses con una cuota diaria de 200 euros (30.000 euros en total) e inhabilitación especial por un año y un mes por desobediencia grave.
En su escrito, el fiscal afirma que Homs «no adoptó la suspensión de ninguna de las actuaciones ni actos que se desarrollaban para la celebración de dicha consulta que dependían directamente del departamento de la Presidencia del que era titular, impulsó activamente los trabajos preparatorios de la convocatoria, puso los servicios jurídicos de su departamento a disposición del CTTI (Centro de Telecomunicaciones de la Información) para ejercer acciones legales ante una eventual suspensión adoptada por empresas privadas (subcontratadas), y, en definitiva, potenció tras haber conocido la providencia de suspensión dictada por el Tribunal Constitucional el desarrollo del denominado «proceso participativo».
Plenamente consciente
Además, el fiscal explica en su escrito de conclusiones provisionales que el acusado «era plenamente consciente, máxime en su condición de cabeza de los servicios jurídicos de la Generalitat, de que con su actuación quebrantaba el obligado acatamiento a las decisiones del Constitucional».
La reacción de Homs a la petición de la Fiscalía fue contundente. «El Estado me quiere inhabilitar. No pienso apartarme. Solo me echará de la política activa la gente que nos vota o mis compañeros de partido, pero no lo hará ni la Fiscalía ni el Supremo ni el Gobierno del PP», avisó. En tono aún más desafiante afirmó que le da «asco» formar parte de un sistema político como el español, en el que un político puede ser inhabilitado «por poner las urnas». A entender de Homs, el Estado está en un «callejón sin salida» y no podrá evitar la «celebración de otra consulta soberanista».
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont continuó la línea victimista de Homs y consideró que con la petición de la Fiscalía quien queda inhabilitado democráticamente es el Estado español.