Las fuerzas soberanistas, divididas por el ritmo y las condiciones del referendo
ESPAÑA
El Gobierno responde tajante que no habrá ninguna consulta de autodeterminación
24 dic 2016 . Actualizado a las 05:00 h.El soberanismo dio ayer un paso más en el largo y tortuoso camino hacia un referendo sobre la independencia de Cataluña que los secesionistas pretenden celebrar como muy tarde en septiembre del 2017 y que, según reiteró ayer el Gobierno, en ningún caso se celebrará. La cumbre que reunió a todas las fuerzas políticas y entidades sociales que están a favor de que Cataluña pueda decidir su relación con el resto de España a través de un plebiscito fue la primera imagen de unidad del soberanismo en la legislatura catalana, desde que en el mes de enero la CUP se cobró la cabeza de Mas y permitió la investidura de Puigdemont.
Una unidad del soberanismo, sin embargo, que es más bien débil y seguramente impostada por unos y otros, ya que mientras el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, anunció en la reunión que convocará el referendo como muy tarde en septiembre del año que viene, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, apostó en la cita por no fijar plazos. «Hay que hacerlo bien y con garantías, es mejor no fijar fechas», afirmó Colau.
La intención del presidente de la Generalitat es recomponer la unidad entre fuerzas independentistas y de izquierdas en favor del objetivo de un referendo pactado. Esta posibilidad es altamente improbable, por no decir imposible, tal y como reiteró ayer el portavoz del Ejecutivo central, Íñigo Méndez de Vigo. «Referéndum de autodeterminación en España no va a haber, porque va en contra de la Constitución, que garantiza el autogobierno de Cataluña; más claro no se puede decir», manifestó el portavoz tras el Consejo de Ministros.
Por tanto, la cuestión que marcará el futuro de la unidad del soberanismo será qué harán Ada Colau y los miembros de En Comú Podem cuando la Generalitat dé por cerrada definitivamente la puerta de la consulta pactada y se decante de nuevo por la senda unilateral, a pesar de que Puigdemont no quiso exponer esta vía en la cumbre. En principio, y así lo dejó claro Colau, fuera del referendo acordado no será posible contar con ellos. «Debe ser con garantías, con acuerdo con el Estado y no debe ser un nuevo 9N», afirmó.
La vía de la consulta unilateral, además, está suspendida por el Constitucional y cualquier intento de aplicarla puede acarrear consecuencias penales. Más allá de la escenificación, de la cumbre surgió la propuesta de creación de un organismo calificado como El Pacto Nacional por el Referéndum, que será el que a partir de ahora marcará los pasos a seguir, como ya ocurrió en la época de Artur Mas con el Pacto Nacional por el Derecho a Decidir.
Carles Puigdemont ha sugerido un comité ejecutivo de dirección colegiada para esta entidad, donde ha incluido a dirigentes procedentes del PSC, como Joan Ignasi Elena, Itziar González o Maite Arqué, y de Iniciativa, como Jaume Bosch, para tratar de ampliar la base social del soberanismo. Este organismo hará campaña nacional e internacional a favor de la consulta pactada y prepara un manifiesto que recogerá adhesiones a favor del referendo.
Mas y dos exconsejeras se sentarán en el banco de acusados del 6 al 10 de febrero
El expresidente de la Generalitat Artur Mas, y dos de sus exconsejeras, Joana Ortega e Irene Rigau, serán juzgados por haber organizado la consulta del 9N entre el 6 y el 10 de febrero del año que viene. Los tres dirigentes nacionalistas están acusados de haber cometido los delitos de desobediencia y prevaricación por haber continuado con la preparación del simulacro de referendo, en el 2014, a pesar de que estaba suspendido por el Tribunal Constitucional. Se enfrentan a penas de inhabilitación de ocho a nueve años. Mas afirmó ayer que «irán a juicio con la cara alta y con el sentido del deber cumplido» e insistió en que se trata de un juicio político y que se sientan en el banquillo por poner las urnas.