La tesis de Feijoo se afianza en el partido: sus miembros no serán cesados hasta que se abra contra ellos un juicio oral
09 dic 2016 . Actualizado a las 05:00 h.El PP no tiene intención de cambiar ni una coma de sus estatutos en materia de corrupción en el próximo congreso nacional del mes de febrero. Menos aún desde que el fallecimiento de Rita Barberá ha reafirmado al partido en sus tesis iniciales. Sus normas internas establecen que la formación solo abrirá un expediente disciplinario a los imputados por este tipo de delitos cuando se produzca el señalamiento de juicio oral. Y ese es, según el sentir mayoritario de los populares, el momento en el que un político debe ser apartado de su cargo, al margen de lo que sugiera el pacto suscrito con Ciudadanos. La necesidad de sacar adelante la investidura de Mariano Rajoy obligó al PP el pasado agosto a suscribir un acuerdo con el que el partido de Albert Rivera pretendía elevar la exigencia frente a los escándalos. El punto 93 de aquel texto contempla que ambas formaciones «se comprometen a la separación inmediata de los cargos públicos que hayan sido imputados formalmente o encausados por delitos de corrupción, hasta la resolución definitiva del procedimiento judicial».
En Ciudadanos se interpretó que todos aquellos que fueran citados a declarar ante un tribunal por la existencia de indicios delictivos estarían forzados a dar un paso atrás y abandonar sus responsabilidades. Pero la amplitud del término «imputación formal» concede al PP un margen relativo para resolver, según cada caso, cuándo hay que actuar. Así lo entienden fuentes populares y del Gobierno, que señalan como oportuno el momento en el que el juez, escuchado el testimonio del implicado, decide aun así seguir adelante con la instrucción.
Se trata, explican, de garantizar la presunción de inocencia y no exigir la dimisión de un político solo porque se haya abierto una investigación contra él. Alberto Núñez Feijoo coincide con este planteamiento. El pasado martes, en los actos conmemorativos de la Constitución en el Congreso, el presidente gallego alertaba del riesgo de dar carta blanca a los partidos para destruir con una simple denuncia en los tribunales la carrera de un adversario. Desde su punto de vista, salvo que se tengan pruebas muy evidentes de que alguien «ha metido la mano en la caja», la apertura de juicio oral es lo suficientemente consistente como para expulsar entonces y no antes a un imputado.
En cualquier caso, el PP asegura que el pacto con Ciudadanos se cumplirá. Más allá de mantener sus estatutos intactos, algo que nunca estuvo en duda, enmarca el acuerdo en una decisión política que tendrá que ser respetada. Queda por ver cómo se concreta este compromiso.
Fuentes del Grupo Parlamentario Popular han llegado a plantear que se conforme un comité entre el PP y el partido de Rivera que estudie cada caso que surja y determine cómo proceder. Otros dirigentes entienden que eso sería posible si el pacto se extendiera al resto de formaciones y se creara un grupo con independientes, que podrían ser juristas, que estableciera criterios generales y revisara cada situación, no solo aquellas que atañan a los populares.
En el contexto de este gran acuerdo, algunos diputados del PP defienden que sería todavía más interesante encontrar una fórmula para restituir a los parlamentarios que se vean obligados a entregar su acta por estar inmersos en casos de corrupción y que finalmente acaben siendo absueltos.