El presunto cabecilla y David Marjaliza podrían haber cobrado entre 900.000 y 1,2 millones por cada colegio concertado que ponían en marcha
03 dic 2016 . Actualizado a las 05:00 h.La trama Púnica también se pudo lucrar con la construcción de colegios en varias comunidades. El juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso, Eloy Velasco, ha dado un paso adelante para aclarar estos indicios tras pedir a la Comunidad de Madrid información sobre una veintena de centros concertados construidos por cooperativas de la región.
La Fiscalía Anticorrupción sospecha que el exsecretario general del PP madrileño y presunto cabecilla de la red corrupta, Francisco Granados, en prisión desde noviembre del 2014, pudo recibir dinero por usar su influencia política para conseguir licencias y suelo municipal a bajo coste en favor, al menos, de una empresa investigada. En un auto, el juez Velasco quiere que la Comunidad de Madrid le remita el registro de cooperativas educativas para conocer, en el caso de los 20 colegios señalados, las cifras de capital social de las escrituras de constitución y los importes de las ampliaciones de capital. Estas pesquisas tratan de conocer si las supuestas comisiones que cobró Granados por estas gestiones se encuentran camufladas en estos registros.
Según testigos y documentos presentes en la investigación, Granados y su mano derecha, el constructor de Valdemoro (Madrid) David Marjaliza, en libertad tras confesar los hechos, podrían haber cobrado entre 900.000 y 1,2 millones por cada colegio concertado que ponían en marcha. Supuestamente el pagador era Alfedel, una sociedad registrada en Valdemoro que se dedica a promover colegios concertados y luego venderlos a las cooperativas de profesores que los gestionarán.