Los secesionistas plantean una ruptura en dos fases que empezaría en mayo y culminaría con la consulta en septiembre
03 dic 2016 . Actualizado a las 05:00 h.El proceso soberanista marcó la reunión que el presidente de la Generalitat y el nuevo delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, mantuvieron ayer en Barcelona. El Ejecutivo central y el catalán están dispuestos a rehacer puentes, pero discrepan sobre el contenido de las conversaciones. Carles Puigdemont insiste en negociar la celebración de un referendo, mientras que la Administración central replica que se puede hablar de todo, siempre y cuando el diálogo se ciña al marco de la ley y de la Constitución. El Ejecutivo catalán, en cualquier caso, no se cree la oferta de diálogo del Gobierno. «Está bien hablar de diálogo, pero hay que practicarlo. No podemos acreditar que haya una oferta en firme», afirmó la consejera Neus Munté. Millo, mientras, reclamó a Puigdemont que asista a la conferencia de presidentes autonómicos prevista para enero, abogó por que se reduzcan los litigios y conflictos entre administraciones y se mostró confiado en que la discrepancia respecto al referendo «no obstaculice» el diálogo sobre todo lo demás.
Los planes de los secesionistas
Las fuerzas independentistas se plantean ahora ejecutar lo que denominan desconexión de Cataluña de España en dos tiempos. Una especie de ruptura en diferido que tendría como elemento clave la ley de transitoriedad jurídica, que Junts pel Sí y la CUP tienen intención de aprobar en el mes de julio y que supondría de hecho una declaración unilateral de independencia. Pero incluiría una cláusula según la cual la proclamación de la secesión solo sería efectiva en caso de que el sí se impusiera en el referendo que Carles Puigdemont dice que convocara para septiembre del 2017, pero que el Gobierno tiene la clara intención de impedir.
Por tanto, según las pretensiones de las fuerzas secesionistas, la ley de transitoriedad jurídica, pensada como herramienta para hacer de puente entre la legislación española y la catalana, serviría en un primer instante, según señalan, para dar cobertura legal al referendo. Y haría las veces de marco legislativo del nuevo Estado solo en caso de victoria secesionista en la consulta. Lo mismo pasaría con las otras dos leyes de la desconexión: la de la hacienda propia y la seguridad social.
Esta es la teoría que Junts pel Sí y la CUP han puesto sobre la mesa, aunque está por ver cómo sortean la eventual impugnación que el Gobierno llevaría al Tribunal Constitucional.