Planteará un conflicto de competencias ante la decisión de la oposición de congelar la Lomce
21 nov 2016 . Actualizado a las 05:00 h.Mariano Rajoy ya lo advirtió en el debate de investidura: no iba a asistir de brazos cruzados a la demolición de la obra legislativa del PP entre el 2011 y el 2015. El Gobierno planteará conflictos de competencias en el Tribunal Constitucional contra el Congreso en aquellas normas aprobadas que supongan desajustes en la estabilidad presupuestaria.
El jefe del Ejecutivo quiere que la disposición constitucional que le permite vetar iniciativas legislativas que supongan un aumento de los gastos o una disminución de los ingresos no sea papel mojado. Considera, consultada la Abogacía del Estado, que su veto no puede ser levantado por la Mesa del Congreso. Es lo que ha ocurrido esta semana con la congelación de la Lomce, ante la que toda la oposición se unió para admitir a trámite la proposición de ley que paralizará el calendario de aplicación de la ley educativa. El Gobierno vetó antes del debate la iniciativa presentada por el PSOE, la Mesa lo levantó, el pleno la discutió y aprobó el martes su admisión con los votos de PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos, Esquerra, PNV y Grupo Mixto. Los 137 diputados del PP votaron en contra.
Impacto económico
En este caso, el Ejecutivo defendió su veto porque la parálisis de la ley implica, según detalló el ministro de Educación, la pérdida de 615 millones de euros de ayudas comunitarias destinadas a su desarrollo. Pero el voto en la Mesa del Congreso de PSOE, Podemos y Ciudadanos a favor de ignorar la resolución gubernamental dejó en minoría a los populares y el camino libre al archivo de la también llamada ley Wert.
El Gobierno reaccionó este viernes con un requerimiento a la Mesa del Congreso para que reconsidere el levantamiento de su veto, una petición que es muy probable que sea ignorada por la misma mayoría que rechazó en primera instancia la negativa gubernamental. Entonces ya se habrán dado todos los pasos para que el Ejecutivo presente en el Constitucional un conflicto de competencias con el legislativo.
El Gobierno niega que se trate de «filibusterismo parlamentario», como aduce la oposición. «Este es un debate constitucional», replicó Íñigo Méndez de Vigo. Existe, prosiguió el ministro y portavoz, una controversia jurídica entre la mayoría de la Mesa del Congreso, que interpreta que está capacitada para levantar un veto del Gobierno a una iniciativa legislativa, y el Ejecutivo, que considera que no es así. Ante esta disyuntiva, se requiere el arbitraje del Constitucional.
No lo ve así la oposición, que considera que Rajoy trata de limitar la capacidad del Congreso porque el PP no tiene la mayoría.