Colau se une a dirigentes secesionistas en una concentración de apoyo a Forcadell

Consejeros del Gobierno catalán, diputados de Junts pel Sí, Catalunya Sí Que Es Pot y la CUP, así como la alcaldesa de la Ciudad Condal, Ada Colau, de Barcelona en Comú, se sumaron ayer a la concentración convocada a las puertas del Parlamento autonómico en apoyo a la presidenta de la Cámara catalana, Carme Forcadell, después de que la Fiscalía anunciara una querella contra ella por desobediencia y prevaricación por haber permitido una votación sobre la hoja de ruta secesionista. En el acto, convocado por la Asamblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural y la Asociación de Municipios por la Independencia, participaron centenares de personas tras una pancarta en la que se leía «Desobediencia».

También ayer, el Parlamento catalán continuó con su desafío al Estado y dio un paso más hacia la creación de una hacienda propia, una de las estructuras que Carles Puigdemont quiere tener a punto antes de pulsar el botón del secesionismo dentro de un año. Así, Junts pel Sí y la CUP aprobaron el inicio de la tramitación parlamentaria de una parte de la segunda de las llamadas leyes de la desconexión, la de la agencia tributaria. Las tres normas que Puigdemont quiere tener listas y aprobadas en julio del 2017, antes de convocar el referendo en septiembre, son la de la seguridad social, la ley de transitoriedad jurídica y la hacienda propia. Sobre esta última, la Cámara catalana, con el apoyo de Junts pel Sí y la CUP y los votos en contra del resto de formaciones, sentó las bases de la proposición de ley del código tributario de Cataluña. Este texto ordena la normativa del derecho tributario y establece la estructura y las funciones de una hipotética administración fiscal de la Generalitat. «Estamos poniendo las bases de una estructura de Estado», afirmaron desde Junts pel Sí. «No tenemos miedo. Esta ley es la primera parte. Ya vendrán más», señalaron en la CUP. Los anticapitalistas se proponen recaudar todos los impuestos de los catalanes, que desde Cataluña se puedan fijar las políticas de control de capitales, contar con una banca pública y hasta aspiran a poder emitir moneda.

Presión anticapitalista

Las otras leyes de desconexión están también en una fase embrionaria y de hecho la CUP lleva días presionando a Puigdemont, pues considera que va muy lento. También en la hacienda propia, porque, por ejemplo, a día de hoy la Generalitat no ejerce ni siquiera todas las competencias que tiene transferidas por el Estado. De hecho, el Gobierno catalán mantiene externalizada a los registradores de la propiedad, que dependen del Ministerio de Justicia, una parte de la gestión que tiene asignada de los impuestos.

Sin embargo, Junts pel Sí y la CUP liman asperezas en el otro gran enredo que tienen entre manos, como son los presupuestos. Puigdemont lleva semanas advirtiendo a los anticapitalistas de que si no aprueban sus cuentas tendrá que adelantar las elecciones y no habrá referendo. Los antisistema, por su parte, insisten en reclamar que suban los impuestos a los más ricos. Ambas partes habrían acercado las posiciones para gravar a las bebidas azucaradas y las grandes fortunas.

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