El juez del Supremo cita a Barberá como investigada por blanqueo de capitales
ESPAÑA
Impone una fianza al PSOE tras criticar que los partidos acusen en las causas penale
20 oct 2016 . Actualizado a las 23:50 h.La senadora y exalcadesa de Valencia Rita Barberá entrará el 21 de noviembre por la puerta del Tribunal Supremo para declarar como investigada por un delito de blanqueo de capitales. El magistrado de la Sala Segunda (de lo Penal) Cándido Conde-Pumpido, instructor de la causa, citó ayer a la aforada para interrogarla por los movimientos de dinero y la financiación del grupo municipal del Partido Popular cuando era regidora de la capital del Turia.
La decisión de Conde-Pumpido, exfiscal general durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, llega después de que la Sala de lo Penal abriera por unanimidad una causa a Barberá el pasado 13 de septiembre. Para ello contó con el criterio favorable de la Fiscalía del Supremo, después de que el juzgado de instrucción de Valencia que investiga la llamada operación Taula remitiera una exposición razonada al alto tribunal con los indicios penales recogidos contra la ahora senadora del Grupo Mixto (Barberá anunció el 14 de septiembre que se daba de baja como militante del PP pero que se mantenía como parlamentaria en la Cámara alta).
Siguiendo la línea marcada por la sala, que vio indicios racionales de delito para encausar a la histórica dirigente del PP (fue alcaldesa de 1991 al 2015), Conde-Pumpido aceptó citarla a declarar en calidad de investigada (acompañada de su abogado José Antonio Choclán) para tomarle declaración voluntaria, tal y como pidió la afectada y recoge al artículo 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Esta norma permite al aforado ejercer su derecho de defensa y ser interrogado como investigado antes de que se pida el suplicatorio a la Cámara respectiva (autorización sin la cual los diputados o senadores no podrán ser inculpados ni procesados, según el artículo 71.2 de la Constitución).
Larga investigación
La sala ya destacó que los hechos descritos por el titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, Víctor Gómez, bastan para investigar a Barberá. Consideró que la exalcaldesa «fue una más de las personas que reconocieron haber efectuado la aportación de 1.000 euros» por el que están imputados todos los concejales (excepto Eusebio Monzó, actual portavoz), exediles, asesores y exasesores del Ayuntamiento de Valencia, en total medio centenar, que también realizaron el pago al grupo municipal en vísperas de las elecciones municipales del 2015. Además, apuntó que Barberá era la superiora jerárquica como alcaldesa y existía una relación personal de «estrecha confianza» entre la aforada y la principal investigada, la exsecretaria del grupo municipal María del Carmen García-Fuster, que gestionaba las cuentas bancarias.
Asimismo, Conde-Pumpido impuso una fianza de 3.000 euros al PSOE para ejercer la acusación popular en la causa contra Barberá. En su auto, alertó además del «serio riesgo de judicialización de la política» que supone la práctica, que no existe en los países de nuestro entorno, de que un partido político pueda ejercer la acusación en una causa penal contra una persona relevante de un partido de signo contrario. Añadió que ese riesgo existe en la medida en que esa práctica «transforma el área de debate procesal en un terreno de confrontación política». El PSOE había pedido al juez que no se estableciese el pago de fianza alguna para ejercer la acusación popular.
El consistorio valenciano no logra vender los dos Audi A8 que usaba la exalcaldesa
Los dos vehículos oficiales que usaba Rita Barberá cuando era alcaldesa de Valencia siguen esperando comprador. La subasta abierta por el ayuntamiento el pasado 4 de octubre ha quedado desierta después de que el servicio de contratación del que depende la licitación no haya recibido ninguna oferta por los Audi A8.
El concurso concluyó ayer y dado el razonable precio de salida del lote, 32.892 euros por los vehículos de alta gama, el consistorio no pensaba que la subasta iba a quedar sin compradores, por lo que ahora baraja tres opciones: llevarlos a chatarra, abrir otro concurso modificando las condiciones o iniciar un procedimiento negociado con una empresa.
Fin a los derroches
El equipo de gobierno local conformado por Compromís, PSPV y València en Comú sacó a subasta los A8 «para poner fin a la era de los derroches» y los «caprichos» de Barberá, «excesos impropios de un cargo público por sus altísimos costes, tanto en su compra, como en su mantenimiento», según explicó el alcalde Joan Ribó el 8 de septiembre. Ambos vehículos costaron en total 304.682 euros (267.336 euros el modelo a prueba de balas y 37.345 euros el de serie). El blindado, además, dado el peso y la potencia, 4.172 centímetros cúbicos, consume nada menos que 20 litros a los 100 kilómetros. Este Audi es del 2004, tiene 84.026 kilómetros y su precio de salida es de 14.860 euros, mientras que el segundo es del 2008, tiene 63.075 kilómetros y se oferta en 18.032 euros. Dado que hasta el pasado viernes a nadie le había convencido la licitación, se pasó la ITV de ambos vehículos, que había vencido en septiembre. Los técnicos no encontraron defectos y dieron su visto bueno.