La investigación en Sagunto afecta al diputado regional Castelló y a 11 ediles y exediles por cohecho y prevaricación
19 oct 2016 . Actualizado a las 17:13 h.El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Sagunto (Valencia) ha coordinado este miércoles una operación por presuntas irregularidades en las adjudicaciones de contratos en varias áreas del consistorio saguntino, en la época en la que estaba al frente del Ayuntamiento el exalcalde y actual diputado del PP en las Corts Valencianes, Alfred Castelló, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat.
La investigación de la presunta trama de amaño de contratos en el Ayuntamiento afecta al exalcalde -en cuyo caso si llega el momento de tomarle declaración como investigado corresponderá al TSJCV dada su condición de aforado, según fuentes judiciales- y a once concejales y excediles de las dos últimas legislaturas por presuntos delitos de cohecho y prevaricación.
Durante toda la mañana de este miércoles, en el marco de la «Operación Flotador», agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional han registrado, por orden de la instructora, varias dependencias municipales y las oficinas de seis empresas por orden de la magistrada. Se trata de tres sedes municipales en Sagunto y Puerto de Sagunto, las oficinas de Agua de Valencia en la localidad y en la capital y las sedes de otras cuatro empresas.
La causa por presuntos delitos de cohecho y prevaricación se inició en agosto de 2015 por una denuncia interpuesta por la Fiscalía de Valencia tras las irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas. En ella se investiga el supuesto amaño de contratos durante las legislaturas 2007-2011 y 2011-14, periodos en los que fue alcalde Alfredo Castelló, actual diputado del PP en las Cortes Valencianas.
Seis empresas como beneficiarias
El juzgado investiga a 12 personas físicas (ediles y exconcejales) y seis jurídicas, empresas beneficiarias de las adjudicaciones presuntamente irregulares. La diligencias, declaradas secretas, se centran en el fraccionamiento de contratos para adjudicar determinados servicios a seis mercantiles eludiendo la Ley de Contratos del Sector Público.
Según el TSJCV, se investiga también si se amañaron contratos y se adjudicaron trabajos sin el correspondiente expediente administrativo vulnerando con ello los principios de transparencia, libre concurrencia y competencia efectiva que rigen la contratación pública. En el marco de estas diligencias se ha desarrollado la operación de este miércoles encaminada a asegurar pruebas con la intervención de expedientes y contratos bajo sospecha. La causa continúa secreta.