El Gobierno vetará el referendo pactado con el Estado que quiere proponer Puigdemont

La Voz C. R. BARCELONA / COLPISA

ESPAÑA

EFE

El presidente de la Generalitat tiene previsto hacer una petición formal si supera la moción de confianza del día 28

13 sep 2016 . Actualizado a las 07:22 h.

Un cierto triunfalismo se ha instalado entre los dirigentes soberanistas, que ya se atreven a afirmar sin matices que dentro de un año Cataluña será independiente. El presidente de la Generalitat se unió a esa corriente de euforia y aseguró que la Diada del año que viene, la de 2017, será la de la «celebración» por la proclamación de la república de Cataluña, y todo pese a la que de este año contó con mucha menos asistencia que la de otras ocasiones. Puigdemont se propone resolver en los próximos nueve meses la operación política más compleja de la historia de Cataluña. Entre junio o julio del 2017, el independentismo espera haber culminado el proceso, primero con la aprobación de las llamadas leyes de la desconexión (hacienda, seguridad social y transitoriedad jurídica), y después «con un referendo pactado con el Estado, si es factible», dijo Puigdemont. Para no cerrase puertas, no descartó otro mecanismo, como unas «elecciones constituyentes» que se convocarían «no más allá de septiembre».

El referendo pactado está descartado, y así se lo hicieron saber con rotundidad ayer desde el Gobierno central. Puigdemont tiene previsto hacer una petición formal, si supera la moción de confianza del día 28, pero el Ejecutivo ya le anticipó la negativa. Mariano Rajoy evitó contestar a Puigdemont, aunque la vicepresidenta y el ministro de Justicia se encargaron de vetar la consulta independentista. «La clave está en la soberanía nacional, que reside en todos los españoles y no en una parte», afirmó Rafael Catalá. «Nunca va a ser posible, con la Constitución actual, que una parte decida lo que quiere ser. Lo decidimos todos», remató.

Urnas a las bravas

Sin el plan A, el B se llama referendo unilateral de independencia (RUI, sin la autorización de Madrid) y el C, elecciones constituyentes. En principio, Puigdemont descarta el RUI, a diferencia de Esquerra, la CUP y la ANC, y expresó que solo pondrá las urnas a las bravas si consigue que la votación sea vinculante y tenga todas las garantías aceptadas por la comunidad internacional. Una consulta unilateral difícilmente cumpliría los estándares que fija la UE, por lo que la baza que le quedaría es volver a vestir unas elecciones autonómicas bajo la forma de constituyentes, pues en teoría deberían dar paso a la proclamación de la república. En cualquier caso, si optara por el RUI, el ministro de Justicia advirtió de que sobre Puigdemont «caerá todo el peso de la ley».

Soraya Sáenz de Santamaría, por su parte, calificó los planes del gobernante nacionalista de «ilegales, oportunistas y rupturistas». A su juicio, está tensando y haciendo sufrir a la sociedad catalana porque la CUP le está obligando.