La modificación exigiría un acuerdo mayoritario del Congreso
25 ago 2016 . Actualizado a las 23:00 h.Aún hay margen para que los dos principales partidos se pongan de acuerdo en algo. Solo que el consenso no giraría en torno a la formación de un nuevo Gobierno, sino en cuándo convocar las terceras elecciones. Conocidas las opciones legales que se barajan en la Moncloa, el PSOE admitió que también está buscando fórmulas para evitar que los comicios tengan que celebrarse el día de Navidad en caso de que se malogren las negociaciones. Tanto populares como socialistas apuntan a una reforma de la ley electoral que acorte una semana la duración de la campaña y deje margen para fijar los comicios el 18 de diciembre. Ni unos ni otros están dispuestos a cargar con la responsabilidad de forzar al electorado a tomarse la Nochebuena como jornada de reflexión.
El portavoz del PSOE en el Senado, Óscar López, justifica la necesidad de plantearse ya una solución como respuesta a la «salvajada» y el «chantaje» que, a su entender, supuso que Mariano Rajoy convocara para el 30 de agosto el debate de investidura a sabiendas de que su fracaso obligaría a unas elecciones el 25 de diciembre. Los populares, en cambio, reprochan que sus adversarios piensen en los comicios en lugar de en facilitar el próximo Gobierno. «Es incoherente», lamentó el vicesecretario de Organización del PP, Fernando Martínez-Maillo, mientras su compañera de filas, la presidenta madrileña Cristina Cifuentes, recomendaba reducir las campañas «para siempre» y no «a la carta».
La maniobra de una modificación consensuada de la norma desactivaría en todo caso la táctica de presión de los populares, que siempre han confiado en que unas elecciones en esas fechas de celebración familiar empujarían al PSOE a replantearse su rechazo a que Rajoy sea reelegido.
Aparentemente, no hay impedimento en emprender la reforma en los dos meses en los que el Parlamento esté en activo antes de la disolución de las Cortes. Pero todo depende de la disposición de los grupos a hacerlo. Dado que un Gobierno en funciones no puede elaborar proyectos de ley, la vía sería la de una proposición de ley, que pueden ser adoptadas a iniciativa de un grupo parlamentario o de quince diputados. El problema es que su tramitación es más lenta que la de los proyectos de ley. Además, depende de un informe de conformidad por parte del Ejecutivo. Algunos constitucionalistas cuestionan que el Gobierno, al estar en funciones, pueda dar su visto bueno a una proposición de este tipo, que modificaría una ley orgánica y afectaría a una de las instituciones fundamentales de la democracia, como es el régimen electoral.
Los plazos para disolver las Cortes si no hay presidente los fija la Constitución y, por lo tanto, son intocables. La única opción viable es un acuerdo mayoritario de la Cámara para recortar la duración de la campaña, que es lo que permitiría acortar el período posterior y adelantar una semana los comicios.