Cuando acepte las condiciones de Ciudadanos, según todas las previsiones, comenzará una negociación en la que se verá obligado a ceder en muchas de las reformas de su mandato
14 ago 2016 . Actualizado a las 05:00 h.Las negociaciones que PP y Ciudadanos abrirán previsiblemente a partir del próximo miércoles volverán a poner a prueba la resiliencia, la capacidad de adaptarse a escenarios adversos, de Mariano Rajoy. El presidente que se enfundó como un guante la mayoría absoluta cosechada en las urnas en el 2011, tendrá ahora que gestionar un tiempo de cesiones en el que podría revisarse gran parte de su legado al frente del Gobierno y revisar muchas de las medidas estrellas de su mandato. Los 32 votos de Ciudadanos a favor de su reelección y la indispensable abstención, total o parcial, del PSOE para poder cumplir el encargo del rey van a poner a Rajoy en la tesitura de destripar sus proyectos legislativos. Uno de los ejes de la pasada campaña electoral del PP fue incidir en el «disparate» de derogar todas las reformas puestas en marcha en el pasado, como los socialistas y Podemos promovieron en la legislatura fallida surgida del 20D. Pero los populares saben que no queda más remedio que abrir la mano.
De momento, los seis requisitos previos que Ciudadanos ha fijado para arrancar las conversaciones y despejar el camino de la investidura no solo son «asumibles» para el PP, sino que han sido recibidos como el balón de oxígeno que los populares esperaban para desatascar el bloqueo político. Dicen en su equipo que las formas del presidente le llevan a maniobrar de manera discreta y en privado para solventar las crisis, pero después de las elecciones del 26 de junio pareciera que Rajoy ha estado esperando a que poco a poco sus posibles socios asuman el resultado electoral y la inconveniencia de tener que convocar unos terceros comicios por la incapacidad de conformar un Ejecutivo. Así, 44 días después del 26J, Rivera dio el pasado martes el paso de comprometerse a trabajar para que la abstención de sus diputados se convierta en 32 votos a favor de la reelección de Rajoy siempre y cuando el PP esté dispuesto a negociar y transigir. Los dirigentes más entusiastas con la idea de pactar con Ciudadanos no han tenido inconveniente en subrayar en público la positivo de un acuerdo con quien siempre entendieron que debía ser socio preferente. Es el caso, entre otros, del vicesecretario de Comunicación, Pablo Casado, o la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que debe su cargo a la connivencia con los de Rivera en la región. A juicio de este sector, las condiciones impuestas por el partido liberal son lo suficientemente «genéricas» como para poder aceptarlas y comenzar a hablar. Puede que incluso ni tan siquiera tengan que ser votadas en el comité ejecutivo del este miércoles. Quizás baste con un «voto de confianza» al presidente para que administre el asunto como estime oportuno.
Matizar las condiciones
Otros miembros de la dirección, sin embargo, ponen el énfasis en que algunos de los puntos deberán ser «matizados» una vez se comience a negociar. Es en esos apartados en los que se trabaja en la sede del PP y en los despachos de la Moncloa. Los populares analizan, de momento, las consecuencias de cada una de las medidas y las necesidades para sacarlas adelante.
La supresión de los aforamientos conlleva una modificación constitucional que precisa más votos que los que suman PP y Ciudadanos. Y en cuanto a la reforma de la ley electoral, requiere el consenso con la segunda fuerza del país, el PSOE. «El legislador pondrá las cosas en su sitio», sostienen fuentes del PP, que recuerdan que Ciudadanos necesitaba un relato para cambiar de posición y que a eso se debe la escenificación de esta semana. «Pura política», resuelven. Además, no solo no se oponen a revisar a norma electoral, que también según los populares necesita ser actualizada, sino que, en cuanto a los aforamientos, evocan el planteamiento del exministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón, que en agosto del 2014 proponía pasar de 17.621 a 22 aforados en España. Es decir, proteger tan solo a los titulares de los poderes del Estado: el jefe del Ejecutivo, los presidentes del Congreso y del Senado, los del Tribunal Constitucional y el Supremo y los 17 dirigentes autonómicos, aparte de la familia real.
El resto de requisitos de Rivera ciertamente ponen el foco en Rajoy, a quien limitan su mandato a ocho años, y parecen más que nada orientados a justificar su acercamiento pese a la crítica contundente que Ciudadanos ha mantenido desde el 20D sobre la figura del líder del PP, del que llegaron a decir que su gestión de la corrupción le desacreditaba como presidente. «Al menos ya no piden su cabeza», celebran los populares.
Investigar a todos
En lo concreto, sin embargo, la prohibición de la concesión de indultos a políticos corruptos no plantea inconvenientes en el PP, donde reivindican que en la práctica se actúa ya así, aunque su regulación legal sea inviable. «No podemos excluir por ley a unos delincuentes sí y a otros no», explican. Del mismo modo, daban por descontado que en esta legislatura no podrían frenar una comisión parlamentaria de investigación sobre el caso del extesorero de su formación, Luis Bárcenas. Eso sí, los populares pelearán por que este tipo de iniciativas no deriven en una causa general a su partido. «Todos tenemos escándalos, habrá que ampliar el objeto de examen», apuntan algunas fuentes. Más contradicciones genera que aquellos imputados por corrupción abandonen su cargo público. El espíritu de esta petición va en contra de la tesis de Rajoy de analizar caso por caso para no cometer «injusticias» y evitar apartar a aquellos que finalmente resulten ser inocentes.