Colectivos judiciales progresistas critican al Constitucional por no obligar a devolver las tasas

Joaquín Sanz, T. N. REDACCIÓN / LA VOZ

ESPAÑA

SUSANA VERA | Reuters

Exigen al Gobierno que explique qué ha hecho con lo recaudado

03 ago 2016 . Actualizado a las 07:29 h.

Colectivos de jueces, letrados y fiscales de tendencia progresista aplaudieron la decisión del Tribunal Constitucional de derogar las tasas judiciales a personas jurídicas impuestas por el exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, pero criticaron que el tribunal no se haya pronunciado sobre la mayoría de los artículos recurridos por los diputados socialistas en el 2012.

Jueces para la Democracia, Unión Progresista de Secretarios Judiciales, Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia y Unión Progresista de Fiscales lamentaron que el Tribunal Constitucional no haya ido más allá en su sentencia, que anula únicamente el artículo que fija la cuantía de las tasas aplicables a personas jurídicas. En cambio, lo que estas asociaciones consideran «el mayor grueso del recurso de inconstitucionalidad» no ha sido abordado por el Constitucional porque, en unos casos, el texto del recurso no está adecuadamente fundado y en otros porque algunos elementos recurridos, como las tasas a las personas físicas, ya habían sido derogadas en una posterior reforma de la ley .

Estos colectivos destacan en su comunicado que el Constitucional tiene la facultad para resolver un recurso independientemente del acierto del escrito iniciador del proceso, y sostiene que tendría que haberse manifestado también sobre aquellos artículos ya derogados, porque la demanda de inconstitucionalidad es el mejor instrumento para evaluar la validez constitucional de una ley, ya que tiene «plenos efectos ante todos». Critican que el Constitucional derive la resolución sobre los artículos no analizados a los recursos de amparo presentados por personas físicas. Para estas asociaciones, optar por presentar estos recursos representa un gran esfuerzo personal y económico para cada persona, lo cual es «inadecuado, antieconómico y desproporcionado».

Alivio para el Gobierno

Las asociaciones recuerdan el esfuerzo que han hecho tanto los ciudadanos como las pequeñas y medianas empresas para hacer frente a la exigencia de las tasas, y critican al Constitucional por no «restaurar el daño ocasionado por una norma inconstitucional». Al evitar el carácter retroactivo de su decisión, da «un respiro al Gobierno en funciones y al presupuesto público», pero, por el contrario, «no palía los perniciosos efectos causados a los justiciables durante estos años».

Además, reclaman al Gobierno en funciones que «explique, cuantifique y dé suficientes justificaciones del destino que ha dado a estas recaudaciones inconstitucionales», que solo en el primer año de vigencia de la ley superaron los 300 millones de euros, según los cálculos de las asociaciones.