El sí condicionado de Rajoy evidencia las lagunas de la regulación de la investidura

Atlas

La posible investidura de Mariano Rajoy no solo ha causado dudas entre las fuerzas políticas. Mientras que para el PP la retirada de su candidato es perfectamente posible y legal en el caso de no encontrar los apoyos suficientes para su proclamación como presidente, los partidos de la oposición exigen que el jefe del Ejecutivo en funciones dé la cara en el Congreso. Al margen de intereses políticos, la maniobra de Rajoy ha abierto un profundo debate entre los constitucionalistas acerca de su legalidad. Mientras que unos opinan que el candidato de los populares no tiene más margen de movimiento que el de presentarse ante el Congreso, aun a sabiendas de que será rechazado, otros valoran que, sin una mayoría necesaria, nada le impide renunciar a un trámite condenado de antemano al fracaso.

El origen de estas diferencias se encuentra en el artículo 99 de la Constitución. Según estipula en su apartado 2, «el candidato propuesto [por el rey] conforme a lo previsto en el apartado anterior expondrá ante el Congreso de los Diputados el programa político del Gobierno que pretenda formar y solicitará la confianza de la Cámara». Para unos queda implícita la obligación de presentarse a la investidura una vez se ha aceptado la designación real, pero para otros en ningún lado se especifica que sea forzoso pedir la confianza de la Cámara. El lío está así servido. En este caso, por Rajoy.

No es obligatorio

El encargo y la votación son cosas distintas. En opinión de Francesc de Carreras, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Barcelona, «una cosa es aceptar el encargo y otra someterse a la votación». «No está en la Constitución que deba hacerlo y siempre cabe la renuncia, no veo por qué no», sostiene el profesor. La clave en el dilema sobre lo que está obligado o no a hacer Rajoy está en la interpretación del artículo 99. 

Obligatorio

No hay nada que interpretar. Frente a la opinión de De Carreras, el también catedrático Juan José Solozábal apela a la máxima jurídica de in claris non fit interpretatio (‘lo claro no necesita interpretación’). Solozábal, profesor en la Universidad Autónoma de Madrid, mantiene que «el artículo 99 utiliza unos futuros imperativos que no ofrecen lugar a la duda». «En modo alguno -añade- Rajoy puede dejar de ir a la investidura». Así, mientras De Carreras aboga por que «en derecho siempre se debe tener claro que un caso concreto reinterpreta la norma», para Solozábal «simplemente lo que tiene que hacer Rajoy es actuar conforme al artículo 99 que conmina al candidato a solicitar la confianza del Congreso y someterse a la investidura». Asunción de la Iglesia, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Navarra, también se decanta por la obligación de acudir a la investidura. De la Iglesia, especializada en Derecho Constitucional, recuerda que el hecho de que «el candidato propuesto deba someterse al debate parlamentario y a la votación de investidura no ha sido hasta ahora una cuestión discutida». Aun así, la docente de la Universidad de Navarra valora que «según la interpretación más ajustada a la literalidad y al sentido del precepto, el candidato contrae el deber constitucional de presentarse a la investidura». 

Fecha de la votación

Sin plazo. ¿Se puede posponer sine die la fecha de la investidura? Se trata de otro asunto clave, ya que el reloj que activa los dos meses para la convocatoria de unos nuevos comicios no se pone en marcha hasta que un candidato solicita la confianza al Congreso. En una situación como la actual, Rajoy no se encuentra sometido a ningún plazo legal. Esto es algo en lo que los tres constitucionalistas coinciden. «Existe un vacío legal» que, como destaca la profesora De la Iglesia, «se hace necesario corregir en el futuro, porque en principio no hay tiempo límite». Solozábal y De Carreras aparcan el derecho para, ante un panorama como este, tirar de sentido común. El primero mantiene que «la idea de que todo tiene que estar absolutamente regulado como si los sujetos políticos se limitasen a ejecutar no tiene ningún sentido». Por eso, aboga por que «sin prisa, pero con diligencia, se convoque la sesión de investidura». Lo que queda claro es que, si nadie se presenta ante el Congreso, no hay avance. 

Otras lagunas

Ronda de consultas y declinar el encargo del rey. Cuando los padres de la Constitución redactaron el texto, por sus cabezas no pasó que pudiera darse una situación de bloqueo político como la actual. En un momento de inestabilidad e incertidumbre política, uno de los acuerdos de la transición fue el garantizar Gobiernos fuertes mediante una ley electoral que favoreciese en número de escaños a los partidos mayoritarios. Pero este modelo se fue al traste con la llegada de los partidos emergentes, quienes, precisamente ahora, presionan con una revisión del sistema electoral. A día de hoy, con un Parlamento atomizado, la escueta redacción del artículo 99 de la Constitución se demuestra insuficiente, algo que se evidenció ya en los pocos meses durante los que se prolongó la anterior legislativa. La primera laguna se mostró cuando Rajoy, el candidato más votado, rechazó el ofrecimiento del jefe del Estado para intentar formar Gobierno. Para Solozábal ya aquí se debería abrir el debate sobre si la propuesta del jefe del Estado puede ser declinada. La Constitución tampoco establece los plazos para que el rey llame a consultas a los candidatos. Las lagunas del artículo 99 las sufrió en sus propias carnes el anterior presidente del Congreso, Patxi López, y por eso llamó las fuerzas políticas a un desarrollo legislativo o, incluso, una revisión de la Carta Magna. 

El fantasma de Bárcenas amenaza los planes del PP

Los populares se lo temían y ha ocurrido. El fantasma de Luis Bárcenas ha vuelto a aparecerse en el peor momento. «Coletazos de temas viejos», arguyen en el PP. La agenda de los tribunales, admiten en el partido, viene descolocando todas las estrategias de los populares desde primeros de año, cuando Rajoy intentó formar Gobierno tras el 20D. Y ahora vuelve a pasar lo mismo, pero con el peor personaje posible, aunque la dirección del partido espera que el parón en agosto en los tribunales (mes inhábil en la administración de Justicia excepto para cuestiones urgentes) suavice un poco el ambiente.

Los populares ya eran conscientes de que si llegaban a octubre con las negociaciones abiertas sobre la investidura el inicio del primer gran juicio de la trama Gürtel y el espectro del exsenador iba a «embarrarlo todo». Lo que no esperaban es que el fantasma de Bárcenas y la destrucción de sus ordenadores estallara en el mes de julio. Y con una carga de profundidad: la decisión de la jueza de situar al PP a solo un paso de convertirse en la primera formación política que se sienta en el banquillo de los acusados como persona jurídica, al considerar que hay pruebas para procesar al PP por un delito de daños informáticos y otro de encubrimiento por haber participado en la operación de borrar 35 veces los discos duros de los dos portátiles del extesorero. Y no solo eso, la magistrada, tras concluir su investigación, zanja que los tres cargos del partido procesados lo que estaban buscando en realidad era hacer desaparecer todo rastro de la supuesta contabilidad B de la formación que el exsenador guardaba en las memorias de esos ordenadores. 

El juicio de la Gürtel

Además, el viernes, la Audiencia Nacional dio luz verde a la petición del extesorero de que a partir de octubre desfilen por la Audiencia Nacional algunos de los pesos más pesados de los Gobiernos de Aznar: Ángel Acebes, Francisco Álvarez Cascos, Rodrigo Rato, Javier Arenas y Jaime Mayor Oreja. Todos ellos declararán como testigos en el juicio del caso Gürtel, pero en el PP ya saben que las preguntas de la defensa del extesorero van a ser mucho más que incómodas. Bárcenas y su abogado siguen empeñados en que la dirección del PP lo sabía todo: desde la existencia de la caja B a las comisiones que engordaron esos fondos irregulares.

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