Los sectores afectados lamentan que el tribunal no ordene devolver el dinero cobrado con las tasas
ESPAÑA
Recuerdan que la resolución se ha demorado por la «saturación» del Constitucional
30 jul 2016 . Actualizado a las 05:00 h.El fallo del Tribunal Constitucional dejó ayer una sensación agridulce en los sectores que llevaban cuatro años luchando para que las tasas judiciales dejaran de «ahogar a pequeños empresarios y autónomos que no tenían acceso a una justicia de calidad». Alfonso Salazar, presidente de la Asociación de Emprendedores y Empresarios de Galicia (Ascega) resume así el sentir común de los afectados por la implantación de las tasas judiciales en el 2012 por el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.
A la felicidad por ver que el Tribunal Constitucional les ha dado la razón tras cuatro años solicitando la eliminación de estos gravámenes, miembros de la abogacía, asociaciones de pymes, sindicatos y la plataforma SOS Xustiza, que nació a razón de la implantación de unas tasas que «dejaban a ciudadanos en la cuneta sin tener acceso a una justicia de calidad», como explicó ayer su presidenta, Yolanda Aguiar, se suma un pesar, o más bien dos: la saturación del Constitucional, que ha tardado cuatro años en acoger parcialmente el recurso del PSOE y que la resolución no implica que se tenga que devolver el coste de las tasas a aquellas personas jurídicas que las hayan abonado.
«Esta medida, de aquí en adelante beneficia a todos. Ya era hora de que el Constitucional diera término a esta violación». Augusto Pérez Cepeda, decano del Colegio de Abogados de A Coruña, no oculta su felicidad ante la declaración de estos gravámenes nulos por inconstitucionales, sobre todo después de que su sector fuese uno de los principales azotes de la normativa. «La justicia está para atender a los ciudadanos, y este principio no se estaba cumpliendo».
Rafael Granados, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos de Galicia (ATA), continúa la línea de Pérez Cepeda y recuerda a todos aquellos que durante estos cuatro años «no pudieron acudir al juzgado por no contar con el dinero para asumir los costes». Unos costes que desde SOS Xustiza no dudan en reclamar al Gobierno en funciones. Solicitan que vaya «más allá de la sentencia y que devuelva lo recaudado por esta tasa tan injusta, ya que el daño causado es irreparable al haber vulnerado los derechos fundamentales». Aguiar aprovecha así para recordar que «hay que estar de celebración porque culmina con éxito lo que los ciudadanos obligamos a corregir a Gallardón con nuestra voz en la calle». Esta asociación llegó a recoger 150.000 firmas para tumbar la ley de tasas.
«¿Quién se va a responsabilizar ahora de todo esto?», se pregunta el presidente de Ascega, Alfonso Salazar. Y continúa: «No podemos devolver nosotros vía impuestos lo que tienen que pagar otros por sus errores». «Muchas empresas han tenido que presentar pleitos contra bancos, contra la Administración [...], a los empresarios se les negó la opción de defenderse: fue una estrategia de la Administración para que no les llovieran las demandas», explica.
Enrique Araújo, por su parte, asegura que en el Sindicato de Traballadores da Administración de Xustiza «acollen con agrado a medida», a pesar de que la sentencia debería obligar a la devolución de las tasas. «As cuantías eran desproporcionadas, en moitos casos impedían executar o dereito de, por exemplo, facer un recurso». Para Granados esto tiene una explicación clara: el afán recaudatorio. Que Gallardón abogara por la justicia de pago precisamente en el año 2012, para algunos como Granados sirvió como un «método de financiación del Estado». Araújo cree, del mismo modo, que una vez el Constitucional ha declarado estas tasas inconstitucionales, el Ejecutivo central tiene que tomar cartas en el asunto y «devolver un dinero que siempre tuvo que asumir el Gobierno».