Intenta averiguar si cometió un delito de malversación. El axalcalde de Barcelona rechaza que fuera así y asegura que la decisión se tomó «en respuesta al interés general de la ciudad»
26 may 2016 . Actualizado a las 23:06 h.Un grupo de okupas tomaron en el año 2011 una antigua sede de Caixa Catalunya abandonada del barcelonés barrio de Gràcia que posteriormente compró una empresa inmobiliaria. En el 2015, cuando el dueño intentó recuperar el local, el Ayuntamiento asumió el alquiler durante un año entero. Cuando Ada Colau llegó a la alcaldía y tuvo que renovar el pago, se negó. El desalojo del inmueble ha desencadenado ahora manifestaciones de protestas que llevan provocado durante tres noches consecutivas numerosos incidentes y cargas policiales.
Tras tener conocimiento, a través de los medios de comunicación, de que fue el Ayuntamiento el que se hizo cargo desde finales del 2014 del alquiler de la finca, la Fiscalía ha abierto una investigación al exalcalde de Barcelona Xavier Trias (CiU) para averiguar si cometió un delito de malversación. Según ha informado el ministerio público, la Policía Nacional ha recibido el encargo de investigar los pagos municipales a la inmobiliaria propietaria, que ascendieron a 65.500 euros en un año.
Según mantiene el ministerio público en el escrito en el que acuerda abrir la investigación, Trias decidió firmar un contrato de arrendamiento con una duración de un año con Antartic Vintage SL, para evitar el desalojo del local y, por lo tanto, «los eventuales incidentes que pudieran producirse». Esa renta, sostiene la Fiscalía en su escrito, «fue puntualmente satisfecha por el Ayuntamiento hasta la finalización del contrato, sin que el nuevo equipo de gobierno surgido tras las elecciones haya procedido a la renovación». En opinión de la Fiscalía, los hechos podrían constituir un delito de malversación que, según el Código Penal antiguo vigente en 2014, castiga a las autoridades que destinen a «usos ajenos a la función pública los caudales o efectos puestos a su cargo por razón de sus funciones».
De hecho, la actual alcaldesa de Barcelona avisó el pasado lunes, cuando los Mossos d'Esquadra iniciaron el desalojo, de que el pago del alquiler de la finca por parte de su predecesor suponía una «mala utilización de dinero público» y criticó que el equipo de gobierno de Trias lo hiciera «a escondidas». Por su parte, Trias justificó entonces el pago del alquiler del llamado «banco expropiado» argumentando que el Ayuntamiento quiso «darse un tiempo» para negociar una solución para la finca porque sus ocupantes eran «unas personas queridas por parte de los vecinos».
Este jueves, el exalcalde de Barcelona ha rechazado que este hecho pueda ser considerado como malversación y se ha mostrado convencido de que la decisión fue «ajustada a derecho» y «en respuesta al interés general de la ciudad». Trias, que comparecido ante la prensa para comentar la apertura de las investigaciones, indicó que «todo lo que está pasando» les está «dando la razón» y explicó que su gobierno tomó la decisión «para ganar tiempo para encontrar una salida». «Era la solución menos mala», apuntó, ya que los informes indicaban que el desalojo, previsto inicialmente para finales del 2014, sería «muy conflictivo por lo emblemático del local» -una antigua oficina de un banco rescatado con fondos públicos- y por las simpatías que generaba en su entorno y en los círculos okupas.
Trias ofreció a la Fiscalía «máxima colaboración para aclararlo todo» y eludió especular sobre el motivo que le ha llevado a abrir una investigación ahora, cuando los hechos ya eran conocidos. En este sentido, se limitó a comentar que el tema ahora se ha convertido en «mediático» y que algunos políticos «hablan con ligereza» y «usan expresiones equivocadas».
El exregidor aseguró que, en ningún caso, se pensaba alargar el contrato de alquiler mas de un año y que la fórmula fue «provisional, excepcional y limitada en el tiempo», porque es un grupo okupa que no causa molestias al vecindario, tiene una buena integración y es un edificio emblemático. Justificó que no se informase al colectivo de que el ayuntamiento pagaba un alquiler por el inmueble «porque no era un decisión a favor de ellos» e indicó que lo hizo en julio pasado, después del cambio de gobierno municipal, porque entonces la resolución del conflicto había dejado de ser responsabilidad suya.
También reconoció que no consiguió la interlocución que pretendía con los ocupantes del «banco expropiado» porque, en su opinión, el mundo okupa no la admite y solo se pueden tener contactos indirectos con estos grupos «con la participación discreta de persones ajenas». Sobre el precio del alquiler, 5.500 euros mensuales, el alcalde señaló que es el que se pudo pactar, pero que responde a los criterios técnicos de patrimonio y que el expediente de contratación es «impecable técnica y jurídicamente».