La investigación al consejero de Economía andaluz amenaza el pacto de Ciudadanos con Susana Díaz
ESPAÑA
A Antonio Ramírez de Arellano se le acusa de haber adjudicado un proyecto de obra a un despacho de arquitectura vulnerando los procedimientos administrativos establecidos
05 may 2016 . Actualizado a las 05:00 h.La adjudicación de un proyecto de obra por parte del consejero de Economía andaluz cuando era vicerrector de la Universidad de Sevilla está a punto de convertirse en un importante problema político para la presidenta Susana Díaz. El Tribunal Superior de Andalucía ha citado para el próximo martes, en calidad de investigado (figura que sustituye a la antigua de imputado), a Antonio Ramírez de Arellano para que declare en el marco de las diligencias abiertas a raíz de una denuncia de la Fiscalía Superior de Andalucía.
Inmediatamente después de que se conociese la decisión judicial, el vicesecretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, manifestó que el pacto con el PSOE en Andalucía, que permite gobernar a Susana Díaz, «puede estar en peligro» si el consejero de Economía no deja su cargo. No obstante, el portavoz adjunto de Ciudadanos en el Parlamento andaluz, Sergio Romero, rebajó el nivel de la amenaza y dijo que esperarán a ver qué decide el tribunal después de que tome declaración a Ramírez de Arellano. Romero recordó que «cualquier cargo público que sea imputado por corrupción política tiene el mandato de abandonar su cargo, porque así está recogido en el acuerdo de investidura». No obstante, insistió, esperarán a ver si el tribunal mantiene la situación procesal del consejero después de que comparezca en el juzgado.
La investigación judicial tiene su origen en una denuncia del Colegio de Arquitectos de Sevilla y que dio pie posteriormente a una denuncia de la Fiscalía por prevaricación administrativa y falsedad en documento público por la adjudicación de las obras de construcción del Centro de Transferencia de Resultados de Investigación de la Universidad de Sevilla, presupuestadas en 34 millones de euros, la mitad subvencionados por el Gobierno central y los fondos europeos Feder.
Al entonces vicerrector se le acusa de haber adjudicado el estudio preliminar de instalaciones, por importe de 747.138 euros, a un despacho de arquitectura vulnerando los procedimientos administrativos establecidos. Se sospecha que al menos una de las tres ofertas presentadas había sido falseada y «no puede descartarse» que el estudio adjudicatario hubiese comenzado a redactar el proyecto con anterioridad.