El Ejecutivo impugna tres leyes catalanas 48 horas después del encuentro de Rajoy con Puigdemont

Dos días después de la reunión entre Mariano Rajoy y Carles Puigdemont en la Moncloa, en la que el presidente de la Generalitat reclamó al jefe del Ejecutivo central que aflojara en la judicialización de la política, el Consejo de Ministros anunció la impugnación ante el Constitucional y la petición de suspensión cautelar de tres normas catalanas: el impuesto de viviendas vacías, la ley de gobiernos locales y la de igualdad entre hombres y mujeres. «Cuando Cataluña invade competencias, nosotros recurrimos al Constitucional. Esto no es más que el ejercicio normal en la administración», quiso quitar hierro el ministro de Justicia, Rafael Català. Y es que, el Ejecutivo autonómico esperaba un gesto de distensión de la Moncloa después de que ambos dirigentes mostraran su disposición al diálogo, al margen de sus diferencias irreconciliables en relación al referendo.

La portavoz de la Generalitat, Neus Munté, «lamentó» lo que calificó como un «triple ataque» contra la autonomía del Gobierno catalán, que a su juicio refuerza la «hoja de ruta independentista». «El mensaje se ha recibido claramente», afirmó. Tras la petición de Puigdemont de que Rajoy haga más política y recurra menos a los tribunales, «la respuesta es más tribunales y menos política», criticó. La Generalitat cree que decisiones como esta aumentan el «escepticismo» de los catalanes hacia el Estado central y benefician al secesionismo, que incrementa su base social. En cualquier caso, considera que el triple recurso al Constitucional no es lo suficientemente grave como para cancelar la entrevista que los dos vicepresidentes, Soraya Saénz de Santamaría y Oriol Junqueras, celebrarán el jueves para dar continuidad al encuentro entre Rajoy y Puigdemont. En parte, porque lo que el presidente de la Generalitat le pidió expresamente a Rajoy fue que no impugnara la ley contra la pobreza energética y los desahucios. Y que si esa norma acababa en el tribunal, al menos no reclamase la suspensión automática, una facultad que es exclusiva del Gobierno central. Catalá dijo que el Ejecutivo aún no ha tomado una decisión sobre si recurre la ley de emergencia social contra la pobreza energética y que aún hay tiempo para negociar una modificación de la norma. Añadió que estas decisiones no son políticas sino jurídicas. «La legalidad no es negociable», afirmó.

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