El Gobierno pide explicaciones a Rabat por la expulsión de cinco juristas españoles

m. balín MADRID / COLPISA, AGENCIAS

ESPAÑA

A.Carrasco Ragel | Efe

Iban a visitar a trece presos saharauis en huelga de hambre retenidos «por atentar contra el orden»

08 abr 2016 . Actualizado a las 05:00 h.

La expulsión de cinco juristas españoles de Marruecos volvió a sembrar ayer la discordia entre Rabat y Madrid. El Ministerio de Exteriores pidió explicaciones a la embajada del país vecino en España después de que un juez asturiano y cuatro abogados fueran retenidos el miércoles en la capital marroquí y echados horas después del país vía Tánger. La comitiva tenía previsto solidarizarse con varios presos saharauis en huelga de hambre, que fueron condenados por un Tribunal Militar a penas de 25 años de prisión o perpetuas por los violentos disturbios ocurridos en El Aaiún en el 2011. El grupo de activistas estaba formado por cinco españoles, dos franceses y un belga en nombre de distintas asociaciones en defensa del pueblo saharaui. Querían mostrar su apoyo con los presos del llamado grupo de Gdaim Izik, en huelga de hambre desde el pasado 1 de marzo y que reclaman un nuevo juicio. Entre los españoles estaba el magistrado Jesús María Martín Morillo, del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, los abogados andaluces Francisco Serrano y Juan Carlos Gómez Justo, la aragonesa Altamira Guelbenzu y la canaria María Nieves Cubas Armas.

El grupo fue detenido el miércoles por la tarde en el hotel de Rabat donde se alojaba. La policía los llevó a comisaría, donde fueron sometidos a un intenso interrogatorio hasta las 22.30 de la noche, se les quitó el pasaporte y comenzaron los trámites administrativos para su expulsión.

«Perturbar el orden público»

El ministro de Comunicación y portavoz del Gobierno marroquí, Mustafá Jalfi, dijo ayer que su país «ejerció su soberanía» y que el objetivo final de la expulsión era «evitar las perturbaciones y los atentados contra el orden público». «No permitiremos bajo ningún concepto que nadie se aproveche del clima de apertura y libertades que vive el país con el fin de atentar contra su soberanía», aseguró el ministro. De forma previa, el gobierno civil de Rabat acusó a los abogados de «entrar en Marruecos para sembrar la discordia y atentar contra el orden público».

En la mañana de ayer fueron llevados desde Rabat hasta Tánger, donde la policía los embarcó en un ferri hasta Algeciras (Cádiz). Posteriormente varios se fueron a Málaga, donde cogieron un avión hasta Madrid. Francisco Serrano, uno de los abogados expulsados, calificó de «deleznable» la actuación del cónsul general en Rabat, quien se presentó en el hotel en la noche del miércoles y «nos dijo que no realizáramos declaraciones a medios de comunicación porque corríamos peligro, ante lo cual le pedimos que nos llevara al consulado y nos dijo que no podíamos salir del hotel».