El «derecho a decidir» de los gallegos, expuesto por Alexandra Fernández en el debate de investidura, captó la atención del Congreso, pero lo hizo incomodando a algunos miembros de la coalición y abriendo una enorme fisura política
04 mar 2016 . Actualizado a las 09:38 h.El pasado mes de diciembre, una semana después de las elecciones generales, Xosé Manuel Beiras le enviaba un recado muy claro al PSOE, al advertir que «o dereito á autodeterminación marca a liña vermella» para que su formación pudiera llegar a respaldar a Pedro Sánchez en la sesión de investidura. La exigencia invocada por Beiras fue explicitada por las fuerzas de la coalición En Marea, la plasmó Podemos en el documento entregado a los socialistas para perfilar un pacto de gobierno e incluso afloró en la intervención de Alexandra Fernández en el debate de investidura. Eso sí, el «derecho a decidir» de los gallegos captó la atención del Congreso, pero lo hizo incomodando a algunos miembros de la coalición y abriendo una enorme fisura política. «No es una demanda imprescindible en Galicia», acotó ayer García Buitrón, portavoz de la gestora de Podemos.
Pero una cosa es la opinión de García Buitrón, forjado políticamente en el PSOE y que milita en una formación que no se declara nacionalista, como es Podemos, y otra muy distinta es la visión de Alexandra Fernández, portavoz de En Marea en Madrid, que nació en Vigo en 1988, el mismo año en que se constituía la Frente Popular Galega (FPG), el partido independentista del que forma parte y que está integrado ahora mismo en Anova, la formación que dirige Beiras.
Durante la campaña electoral del 20D, Fernández mostró nítidamente que sus coordenadas políticas son la «esquerda independentista galega». Y en la poscampaña, dijo que era necesario reconocer el derecho a decidir de Galicia: «Sería unha irresponsabilidade non falar disto. Non é unha cuestión de referendo si ou non, é cuestión de recoñecer a plurinacionalidade», manifestó en enero, en una rueda de prensa en Santiago.
La urgencia no existe
«Una cosa es la urgencia de Cataluña», manifestó ayer García Buitrón, sobre el derecho a la autodeterminación, y otra cosa es Galicia. «Aquí la urgencia no existe», valoró, aunque sí ve oportuno extender el derecho a decidir en el marco de una virtual reforma de la Constitución.
Desde el BNG, su portavoz nacional, Ana Pontón, considera que, más que Alexandra Fernández, fue Pedro Sánchez quien colocó el debate sobre la autodeterminación en la agenda, pues entiende que En Marea se limitó a tener un papel «sucursalista» y de «apéndice» de Podemos.
Diferente lectura hizo el líder del PSdeG, Gómez Besteiro, quien subrayó que en la «axenda da autodeterminación non estamos nin estaremos». Su portavoz parlamentario, Méndez Romeu, insistía ayer en esta tesis: «Sobre esas bases nunca poderemos entendernos, ese non é o camiño para mellorar a calidade de vida dos cidadáns».
También el presidente de la Xunta, Núñez Feijoo, aludió a esta cuestión diciendo que le sorprendía que Fernández consumiera parte del tiempo que le dejaron hablar «en pedir un referendo de autodeterminación en Galicia» cuando lo planteó Pedro Sánchez. «Iso é descoñecer o país», dijo, a la vez que le espetó al PSOE: «Alá eles si son capaces «de apoiarse neste tipo de propostas para gobernar Galicia».
El sentimiento independentista gallego se sitúa por debajo del 4 %, según el CIS
El derecho a la autodeterminación y el independentismo son cuestiones que tienen una base social muy marginal en Galicia, como revelan todos y cada uno de los estudios hechos al respecto. Uno de los últimos que se realizaron para detectar el sentimiento nacionalista de los gallegos fue el estudio llevado a cabo por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) tras las elecciones autonómicas del 2012, en el que se revelaba que las personas que apoyan la independencia de Galicia no llegan al 4 %.
Y es que, de acuerdo con dicho análisis, un 68,5 % de los gallegos se sienten tan gallegos como españoles, mientras que los se que sienten únicamente gallegos son un 2,4 % de la sociedad.
En cuanto a la organización territorial, el grupo más mayoritario de la población (38,6 %) es el que se muestra conforme con un nivel de autogobierno como el actual, mientras que los que apoyan un Estado que reconozca la capacidad de sus comunidades a independizarse es solo el 3,9 %.