La exalcaldesa de Valencia y senadora se defiende y niega la existencia de una «caja B» en el PP valenciano. El pleno del ayuntamiento aprueba por unanimidad crear la comisión de investigación sobre el caso Imelsa
26 feb 2016 . Actualizado a las 08:03 h.«No he contribuido a ningún blanqueo de dinero. No he ordenado ningún blanqueo. No he conocido ni sabido nada de ningún blanqueo ni en el grupo municipal ni en el Partido Popular. No he tenido conocimento de «cajas B», no he tenido nunca una «caja B», lo digo sin rubor».
La exalcaldesa valenciana y senadora Rita Barberá ha comparecido en la sede regional del Partido Popular en Valencia para defenderse de las acusaciones recibidas desde que se produjeron las detenciones por el denominado caso Imelsa y desde que concejales, exediles y asesores del grupo popular en el Ayuntamiento de Valencia declararon como investigados por un presunto caso de blanqueo en el PP municipal.
Barberá ha mantenido un mutismo total durante este tiempo y ha decidido hoy romper su silencio, una vez que se han concluido las declaraciones de los exconcejales y empresarios imputados por presunto blanqueo; y después de que el Tribunal Superior de Justicia informara de la separación en dos piezas distintas el caso Imelsa.La exalcaldesa asegura que «nada ha cambiado» en este tiempo y ha denunciado el «apareamiento público» al que se ha visto sometido por unas «filtraciones que me dejan en una situación de total indefensión». Insiste Barberá en su comparecencia que «es una persona honrada» y exige con urgencia que se recupere el principio de la presunción de inocencia y se legisle muy seriamente sobre las filtraciones de sumarios». Y niega que el aforamiento, por su condición de senadora, signifique la impunidad, sino que «simplemente te juzga otro tribunal». Además, ha asegurado que no va a dimitir porque «no conozco nada de lo que se me acusa, no he cometido ningún delito, aunque sí he sufrido mucha condena mediática».
El Ayuntamiento aprueba crear la comisión de investigación
Mientras la exalcaldesa comparecía, el pleno del Ayuntamiento de Valencia ha aprobado en la sesión ordinaria de febrero, por unanimidad y de manera definitiva, crear la comisión de investigación anunciada para «determinar las posibles responsabilidades políticas que se hayan podido cometer en el consistorio por los miembros del grupo municipal popular investigados» por el juzgado de Instrucción número 18 de la ciudad a raíz de la Operación Taula, derivada del caso Imelsa.
Este acuerdo respaldado por Compromís, PSPV y València en Comú, en el gobierno local, y PP y Ciudadanos(C's), en la oposición, se ha adoptado después de que la creación de esta comisión se aprobara inicialmente, también por unanimidad, en el pleno ordinario de enero. Entonces, se debatió esta iniciativa a partir de una moción presentada por vía de urgencia por C's para «dignificar al pueblo valenciano y aliviar la terrible imagen que se proyecta en estos momentos al exterior» tras llevarse a cabo la 'Operación Taula' y después de los registros hechos dentro de esta actuación de la Guardia Civil en el grupo municipal del PP, la detención de su secretaria María del Carmen García Fuster, y la investigación de nueve de sus diez concejales y de diversos asesores.
Tras ello, el acuerdo para la puesta en marcha de esta comisión de investigación se remitió a la Comisión informativa de Participación, Derechos, Innovación Democrática del consistorio, que abordó este asunto la pasada semana, para concretar, también de forma unánime, el número de miembros, la materia, el régimen de funcionamiento y el plazo para concluir los trabajos de este nuevo órgano antes de volver al pleno para ser ratificada definitivamente. En esa reunión, al igual que ha defendido en el pleno de este jueves el concejal de Innovación Democrática y segundo teniente de alcalde, Jordi Peris, se decidió esperar a que se levante el secreto del sumario -está previsto que se produzca el 14 de marzo- de los hechos investigados para que la comisión inicie sus trabajos.
«Ningún contrato amañado»
Rita Barberá difundió el pasado 2 de febrero un comunicado en el que aseguró que «ningún contrato del Ayuntamiento de Valencia se ha amañado, ni ha habido ninguna mordida, ni desvío a financiación ilegal», informa Efe. Barberá aseguró que las adjudicaciones del Ayuntamiento de Valencia, durante los 24 años que fue alcaldesa, no se habían «puesto en duda». Según aseguraba en el escrito, con estas manifestaciones quería salir al paso de la «pública petición por algunos miembros» de su partido y por «la presión de los medios de comunicación» para que diera «explicaciones de la situación judicial» del grupo popular del Ayuntamiento de Valencia.
Sin embargo, según publica hoy el diario El Mundo, el ente valenciano, con Barberá al frente, pagó más de 600.000 euros a empresas vinculadas a la trama del 3% del PP valenciano que se investiga dentro de la Operación Taula. Según la documentación a la que ha tenido acceso el diario, muchos de esos contratos se firmaron sin convocar ningún concurso público.